RedacciónSanto Domingo.- La Coalición por una Educación Digna (CED), presentó este martes un informe realizado en 51 escuelas en seis provincias inauguradas por la actual gestión, que revela bajos niveles de accesibilidad y deficiencias en el cumplimiento de los estándares requeridos para que la educación pueda ser un derecho ejercido por personas con discapacidad.
Algunos de los parámetros medidos en el levantamiento son: población estudiantil por plantel, cantidad de profesores por estudiantes y personal administrativo.
En cuanto a la condiciones de accesibilidad, el estudio recoge: existencia e inclinación de rampas de acceso, textura anti resbalante en áreas perimetrales, escaleras y pisos, existencia de parqueos para personas con discapacidad en los planteles, escaleras con barandas en ambos lados, ancho de las puertas de las aulas y todas las demás áreas, tiradores o manubrios de palanca en las puertas, condiciones de comedores y baños, entre otros.
El informe pone de manifiesto que la mayor parte de los incumplimientos a las normativas de accesibilidad lo registran los planteles que se ubican en las dos provincias más distantes de la zona metropolitana del Gran Santo Domingo, para el caso estudiado Peravia y La Altagracia.
De las 51 escuelas inauguradas visitadas, se encontró que las rampas en 31 de estas existen en el portón principal de acceso, pero solamente 21 de estas cumplen con la inclinación requerida. Mientras que en 18 planteles visitados no se cumple ningún requerimiento, la mayoría de ellos en las provincias La Altagracia y Peravia. En el caso de niveles superiores, el estudio arrojó que solo 9 escuelas registran rampas.
En cuanto al acceso y entrada a las aulas a nivel, en 39 de las escuelas levantadas existe algún tipo de accesibilidad, pero solo en 30 de éstas se cumple con los criterios de anchura requeridos o de nivelación de las aulas.
Asimismo, más del 70 por ciento de los planteles visitados no tiene estacionamiento para personas con discapacidad y el 30 por ciento restante donde sí hay parqueo, no se cumple con los requisitos mínimos de accesibilidad, de los cuales 3 se ubican en la provincia Santo Domingo y 2 en San Cristóbal.
En lo que se refiere a los baños, solo 12 de las 51 escuelas poseen la anchura adecuada para las cabinas (1.80 cm x 1.80 cm) y apenas 16 cumplen con el criterio de barras de apoyo fijo en los laterales de los inodoros. Sobre los comedores solo 5 escuelas poseen un área habilitada para personas con discapacidad.
Con la revisión de estos parámetros, la CED muestra su preocupación acerca del impacto que tales deficiencias en la infraestructura de los planteles escolares pueda tener en el derecho a una educación inclusiva y de calidad para los niños y niñas con discapacidad.
Durante los dos primeros años de implementación del 4% a la educación (2013 y 2014), el del Ministerio de Educación (Minerd), concentró alrededor de la tercera parte de sus presupuestos formulados en el programa de construcción, reconstrucción y ampliación de infraestructura escolar.
El Informe revela también el disímil cumplimiento de los requerimientos logísticos (laboratorio de ciencias, bibliotecas…) y de gestión docente (horas lectivas, personal por aula…) que exigen un mayor nivel de supervisión de las autoridades competentes responsables de garantizar que la educación sea un derecho ejercido en condiciones de igualdad.
A partir del último trimestre de 2014, la Coalición Educación Digna incorporó ejercicios de veeduría ciudadana, dándole seguimiento directo a los programas estratégicos sobre los que reposa la mayor parte de la inversión del 4%, entre estos la infraestructura escolar. Los resultados arrojados por este primer ejercicio de veeduría de la CED fueron expuestos ante funcionarios públicos de Minerd, Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo (Mepyd), Compras y Contrataciones, Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis), Obras Públicas, entre otros.
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