Caso Petrobras echa chispas y mantiene “en remojo” sospechosos

Desde que el senador del oficialismo brasileño, Delcido do Amaral, fue detenido por obstrucción a la justicia, y tras llegar a un acuerdo con fiscales acerca del corrupción de Petrobras, que implicaban a la presidenta Dilma Rousseff y al exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva en el escándalo, la mirada se volcó hacia el presidente de la Cámara de Diputados y tercero en la sucesión presidencial en Brasil, Eduardo Cunha, quien será juzgado por la Corte Suprema.

Por unanimidad los 10 jueces presentes votaron por iniciar una acción penal contra Cunha, considerado “un astuto político y principal rival de la presidenta Dilma Rousseff”, acusado de los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero.

La denuncia había sido realizada el año pasado por el fiscal general Rodrigo Janot, quien señaló que el diputado solicitó dinero para facilitar un negocio de dos navíos sonda del astillero Samsung Heavy Industries para Petrobras entre junio del 2006 y octubre del 2012.

En el caso del senador Delcido do Amaral, la versión en internet del diario brasileño O Estado de S.Paulo, dijo que fue liberado de la cárcel en febrero con algunas restricciones, y que había entregado un testimonio preliminar a los fiscales públicos que podría ser revelado si se le concedía indulgencia en un acuerdo formal de delación compensada.

La revista IstoE también señaló el jueves que el senador testificó bajo los términos del acuerdo con la fiscalía y dijo que Rousseff empleó su influencia para mantener en sus cargos a gerentes de Petrobras acusados de corrupción. El palacio de Planalto se negó a emitir declaraciones sobre los reportes.

Por su parte, Cunha se convirtió en el primer político protegido por fueros que deberá sentarse en el banquillo de los acusados de la Corte Suprema en el marco del escándalo del “Petrolao”, que drenó ilegalmente más de 2.000 millones de dólares de la estatal.

La investigación es considerada la mayor en la historia de Brasil y tiene a parlamentarios, gobernadores, ex funcionarios y algunos de los principales empresarios del país en la mira de la justicia, pues Cunha es una de las figuras más prominentes de la crisis política y económica que conmueve a la potencia latinoamericana. Durante 2015 manejó la agenda legislativa y propinó severas derrotas al gobierno izquierdista de Rousseff.

Deltan Dallagnol es el fiscal que coordina el grupo, escribió en una carta enviada el lunes a la Corte Suprema que mientras Lula estuvo en el cargo recibió “beneficios” de las compañías de construcción que involucran una casa de campo y un departamento de lujo en el estado de Sao Paulo.

El Instituto Lula, con sede en Sao Paulo, dijo que el exmandatario no tiene nada que ocultar ni temor a ser investigado.

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, reaccionó este jueves con “indignación” a la supuesta delación realizada por el exjefe del grupo oficialista en el Senado Delcidio Amaral, quien, según la revista Istoé, implicó a la mandataria en la corrupción en Petrobras, expuso el exministro de Justicia, José Eduardo Cardozo.

“Tanto la presidenta como yo recibimos eso con indignación, si es que acaso es verdad”, aseguró, en una rueda de prensa y tras una reunión de emergencia con la Jefe de Estado, Cardozo, quien dejó el cargo de ministro de Justicia para asumir como nuevo titular de la Abogacía General de la Unión.

La revista asegura haber tenido acceso a unas declaraciones en las que Amaral, investigado por su supuesta implicación en la trama de Petrobras, aseguró que Rousseff y el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva sabían de las corruptelas en la petrolera e intentaron manipular la actuación de la justicia en relación a ese caso.

“Es una historia inverosímil”, afirmó Cardozo en una rueda de prensa en Brasilia.

Según Istoé, Amaral habría implicado a Rousseff y Lula ante la Justicia en el marco de un acuerdo de cooperación con miras a una futura reducción de pena, aunque la supuesta declaración todavía no fue homologada por el Supremo Tribunal Federal (SFT).

Cardozo, quien asumió la Abogacía General de la Unión y fue sustituido en la cartera de Justicia por Wellington César Lima, afirmó que la delación de Amaral, si es cierta, tendría como objetivo “vengarse” de Rousseff por no haberle ayudado a salir de prisión pocos días después de su detención.

El senador fue encarcelado en noviembre acusado de “obstaculizar a la justicia” y de intentar sobornar a algunos implicados en la red de corrupción petrolera a cambio de su silencio, pero la Corte Suprema autorizó hace quince días que siguiera detenido en su domicilio.

Amaral e intenta crear situaciones que le beneficien para salir de prisión y se venga de los que cree que le tendrían que haber sacado de la cárcel”, agregó Cardozo.

El exministro refutó los supuestos argumentos realizados por el senador y enfatizó que la delación aireada por Istoé no “sobrevive a la lógica”.

Amaral, según la revista, reveló que Rousseff intervino directamente en el nombramiento de algunos miembros del Supremo Tribunal de Justicia a fin de favorecer “la liberación” de algunos empresarios detenidos por el caso.

Cardozo fue taxativo al afirmar que el Gobierno “no intervino en la investigaciones” sobre la corrupción en Petrobras, ni nunca intentó “cambiar el rumbo” de las averiguaciones.

Redacción

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