La Superintendencia de Bancos (SIB) impartió un seminario sobre Regulación del Sistema Financiero a decenas de procuradores fiscales de las provincias de Santiago, La Vega y Puerto Plata.
Mediante una nota de prensa, se informó que el objetivo del programa de capacitación, que se realizó en la ciudad de Santiago, es dotar a los actores judiciales de los conocimientos necesarios para la correcta instrumentación de casos sobre delitos financieros, con especial atención en los casos de estafa y abuso de confianza por parte de empresas que realizan intermediación financiera al margen de la Ley.
El gerente de la SIB, Jesús Geraldo Martínez, al ofrecer las palabras de apertura del evento, afirmó que este tipo de capacitación es de vital importancia para la comprensión de las leyes e instituciones que regulan y supervisan el sistema financiero, algunas de ellas de reciente promulgación, como es el caso de la ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
A la actividad asistieron la Procuradora Fiscal Titular del Distrito Judicial de Santiago, magistrada Luisa Liranzo; el Procurador Fiscal Titular de Puerto Plata, magistrado Osvaldo Bonilla; y la Procuradora Fiscal Titular de La Vega, Johanna Reyes.
Los temas tratados
El personal técnico de la SIB, encabezado por Annelly Luciano, encargada de la Unidad Legal de la Oficina de Servicios y Protección al Usuario (Prousuario), abordó el tema Regulación del Sistema Financiero; Elbin Cuevas, director de Supervisión, expuso sobre las Instituciones del Sistema Financiero y la Supervisión de Entidades de Intermediación Financiera y Maylen Cuello, analista Legal de Prousuario, explicó el rol de esa dependencia de la SIB.
Mientras Mariel Méndez, analista Legal de Prousuario, expuso sobre el Régimen Jurídico de los Actos Regulatorios y de los Recursos; finalmente Manuel Peña Conce, consultor Jurídico de la SIB, abordó los temas Facultad Sancionadora de la SIB y Delitos Financieros.
Las exposiciones se realizaron de manera interactiva por lo que los participantes tuvieron la oportunidad de aclarar sus dudas respecto a los temas tratados.
Luisa Liranzo, procuradora Fiscal titular del Distrito Judicial de Santiago, resaltó la importancia de la jornada de capacitación: «Agradecemos a la Superintendencia por la acogida. Este es el primero de muchos encuentros, pues por los casos que se detectaron el año pasado nos damos cuenta que estamos ante conductas delictivas no comunes y estas conductas penales desestabilizan la economía de un país, por lo que debemos estar preparados para dar la respuesta que la ciudadanía requiere en estos casos».
Acciones para evitar captaciones al margen de la Ley
La Superintendencia de Bancos indicó que no es responsable de que empresas privadas e individuos al margen de la Ley Monetaria y Financiera, capten recursos de manera irregular: «Las personas deben crear conciencia del alto riesgo que asumen, cuando depositan o invierten sus ahorros en ese tipo de empresas inescrupulosas no supervisadas, las cuales, hacen ofertas de altas tasas de interés que no son sostenibles para un negocio que opere bajo el marco de la Ley».
En ese sentido, Expuso que para que la ciudadanía pueda identificar cuáles son las entidades que operan en el marco de la Ley, la Superintendencia de Bancos tiene publicada en su portal web: www.sib.gob.do las listas de las entidades autorizadas, en adición, se realizan publicaciones periódicas en medios escritos de circulación nacional, para orientar a la ciudadanía.
Destacó que como parte de su programa de responsabilidad social, la Superintendencia de Bancos y la recién creada Unidad de Investigación de Delitos Financieros de la Procuraduría General de la República, están trabajando con distintas procuradurías fiscales de las provincias del país para que puedan capacitarse, investigar y perseguir los delitos financieros que requieran de atención especializada.
Este seminario se suma a las actividades de educación financiera que la SIB realiza durante todo el año, las cuales son dirigidas a funcionarios del sector bancario y financiero, área judicial, estudiantes y ciudadanía en general, concluyó la entidad en su comunicado.
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