El MotínEl costo de la gestión de residuos es un compromiso compartido
SANTO DOMINGO. – El Dr. Pedro Richardson, Director Ejecutivo de la Federación Dominicana de Distritos Municipales (FEDODIM), emitió hoy un pronunciamiento frente al debate suscitado por la Ley 98-25, reconociendo las inquietudes del sector comercial, pero subrayando la urgencia de dotar a los gobiernos locales de los recursos necesarios para garantizar una salud pública digna para toda la ciudadanía.
Richardson manifestó que entiende las reclamaciones de los comerciantes y las MIPYMES, reconociendo su rol como motor de la economía dominicana. Sin embargo, enfatizó que la gestión de residuos sólidos enfrenta una crisis financiera estructural que no puede esperar más.
“Entendemos la preocupación de nuestros comerciantes ante cualquier ajuste de tarifas, pero debemos ser honestos con el país: el servicio de recolección está siendo subvencionado casi en su totalidad por los gobiernos locales, lo que drena fondos que deberían destinarse a obras vitales como aceras, contenes, alumbrado público y programas de asistencia social”, puntualizó el director.
El Dr. Richardson instó a una reflexión profunda sobre las tarifas vigentes aplicadas por los ayuntamientos y juntas municipales de distrito, las cuales son, en su mayoría, inexistentes o simbólicas. Resaltó que, mientras en otros países de la región el costo promedio por tonelada gestionada ronda los RD$ 3,000, en la República Dominicana el costo por kilo recolectado y transportado hasta su disposición final supera con creces lo que el sector empresarial aporta actualmente incluso con la aplicación de la contribución prevista en la ley.
Al promediar la Contribución Especial, se observa que para un comerciante o una pequeña empresa el impacto mensual es una inversión mínima en comparación con el beneficio de operar en un entorno limpio y saludable. Estaríamos hablando de pagar entre 250 y 500 pesos al mes. “No es una carga caprichosa, es el costo de la sostenibilidad”, afirmó.
Desde FEDODIM se defiende el principio jurídico y ambiental de que “quien contamina, paga”, una norma de derecho comparado esencial para la preservación del medio ambiente. Richardson aclaró que “la ciudadanía debe comprender que las subvenciones tanto del Estado como de los gobiernos locales, deben dirigirse a quienes menos tienen o no pueden pagar un servicio público, dependiendo estrictamente de su nivel de ingresos y capacidad económica, asegurando que nadie se quede sin servicio por falta de recursos”.
Finalmente, FEDODIM hizo un llamado al diálogo y a la comprensión mutua. La institución aboga por una solución donde la racionalidad se imponga, permitiendo que los gobiernos locales dejen de ser meros “recogedores de basura” para convertirse en gestores de desarrollo humano, gracias a una financiación justa y transparente de los servicios públicos. “Está claro que cada uno debe contribuir a pagar la parte que le corresponde si tiene capacidad de hacerlo”.
