ANÁLISIS: Detrás del diálogo se esconden compromisos y falta de dinero

El diálogo tiene la mediación del Centro Económico y Social y responde a una convocatoria del presidente de la República. Supuestamente procura consenso en torno a reformas sobre transparencia e institucionalidad, agua, electricidad, transporte, educación, policía, seguridad social, mercado de hidrocarburos, laboral, reforma fiscal, entre otros temas.

Ese diálogo, en el cual participan dirigentes de los diversos partidos políticos y grupos empresariales, es una pérdida de tiempo para algunos analistas. El presidente Abinader dispone de programa de gobierno en el cual están plasmadas las soluciones a ofrecer a cada uno de los problemas citados más arriba.

Además, son múltiples los resultados de estudios realizados sobre esos aspectos, algunos de los cuales aparecen en la web.

El presidente Abinader, sencillamente, lo que tiene es que implementar políticas en torno a esos problemas, tal y como las ofertó mediante propuestas programáticas en la campaña electoral del 2020. Él es el presidente y tiene prerrogativas constitucionales para tomar medidas y donde se requiera la aprobación de una ley entonces envía un proyecto a las cámaras legislativas y punto.

Casi nunca estuve de acuerdo con Joaquín Balaguer, por su carácter autoritario, pero si en algo concedo razón al extinto caudillo reformista es en la desaprobación de comisiones. Decía (con razón): “Si usted quiere que algo no funciones designe una comisión y mientras más grande es la comisión menos funciona”.

Es el caso de la Comisión de la Policía Nacional, que es cada vez más grande y mientras más crece menos funciona. Para la reforma policial ya había estudios, si se quería adicionalmente se celebraba un taller durante un fin de semana en un salón de un hotel, donde participen expertos nacionales e internacionales.

Se estima como una locura otorgar un año a Servio Tulio Castaños para un proyecto de reforma policial.

Podría ser una forma de evadir problemas.

Como también podría ser otra forma de evadir problemas, que corresponde enfrentar al presidente de la República, la celebración de estos diálogos con las fuerzas políticas y empresariales. Además, no hacía falta meter empresarios, pues todos están dentro del Gobierno.

Se recuerda que Leonel Fernández, en su gobierno 1996-2000, celebró varios diálogos nacionales, pero la razón era que no tenía Congreso Nacional, la mayoría de los legisladores era del PRD y del Partido Reformista. El Poder Legislativo fue un verdadero contrapeso, Leonel buscó consenso porque estaba obligado, aunque se admite que fue el tramo de menor corrupción pública dentro de los tres períodos que condujo el actual líder de la Fuerza del Pueblo.

A los diálogos de Luis Abinader es que muchos no le encuentran la motivación, pues tiene luz verde para gobernar y controla a la mayoría de los legisladores. Hasta ahora se le ha aprobado todo lo que ha enviado a ambas cámaras, incluyendo un festival de préstamos, de los cuales algunos pueden justificarse, mientras otros nunca en la vida, pues están destinados a gastos corrientes, incrementan la deuda externa y no tienen retorno.

En el actual diálogo nacional se descarta que haya consenso sobre algún aspecto, pues cada sector político defiende su interés particular y es evidente que hay organizaciones de la oposición que apuestan al fracaso del Gobierno, mientras hay  quienes asisten por exhibicionismo o figureo. La mayoría aprovecha  el escenario para dar a conocer su discurso.

También se sabe de la presencia de politiqueros trepadores que cogen un aparte con funcionarios gubernamentales, donde expresan su disposición de “sacrificarse por un puesto público”, inclusive pasan papelitos con disimulo.

Cada uno anda con su agenda o problema debajo del brazo, es un imposible que el Gobierno pueda conseguir consenso por esa vía, consenso que por demás no necesita, por lo menos en apariencia.

Hay quienes aseguran que, de la mayoría de los temas expuestos, la reforma tributaria es el único aspecto sobre el cual el Poder Ejecutivo pretende persuadir a sectores de oposición, lo que no se descarta si es el producto de una negociación.

Al Gobierno le interesa recaudar más dinero porque tiene gastos muy por encima de los ingresos y al PLD no  le desagrada que dejen a todos los involucrados en corrupción pública tranquilos.

Pero un eventual acuerdo en esa dirección sería funesto. Y en cuestión de meses se derrumbaría la aprobación de la actual gestión gubernamental, no solo  porque el trabajo del Ministerio Público ha sido el punto más luminoso (quizás el único) de Luis Abinader, sino porque la inflación que desataría una reforma tributaria es incalculable. Y las consecuencias sociales y políticas son impredecibles.

Con el diálogo el Gobierno procura dar la sensación de abierto, democrático y pluralista, que prefiere el consenso de las fuerzas vivas de la nación ante asuntos que puede manejar por sí solo. Eso es lo que se vende, pero el asunto no anda por ahí. El problema está en que el Gobierno está en un callejón sin salida: sin dinero y muchos compromisos con los empresarios.