RedacciónGuatemala.- El juez de mayor riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, autorizó estos registros en residencias y empresas de Baldetti, a petición del Ministerio Público (MP), según confirmó a periodistas la portavoz de la Fiscalía, Julia Barrera.
Baldetti presentó su renuncia a la Vicepresidencia tras verse relacionada con el caso «La Línea», sobre el cual las autoridades tienen grabaciones interceptadas de los acusados en las que mencionan apodos como la «R», «la Dos» y «la Señora», que se presumen, se refieren a la exvicepresidenta, quien no tiene cargos en su contra hasta la fecha.
La Fiscalía confirmó que se realizaron 14 allanamientos en las zonas 5, 9, 10 y 14 de la capital de Guatemala, uno de ellos en una casa de playa ubicada en El Pumpo, a 130 kilómetros de la capital, registrada a nombre del exsecretario de la vicepresidenta Juan Carlos Monzón, prófugo de la justicia y el presunto dirigente de «La Línea».
Según señaló Barrera, durante los registros, los agentes incautaron documentos y ordenadores que «se están analizando» en el marco de una investigación que continúa abierta y que está relacionada con el caso de corrupción «La Línea», que defraudó millones de dólares a las aduanas del Estado.
De acuerdo con información divulgada por la Fiscalía, las pesquisas en esta red criminal evidenciaron la implicación de «un número plural de empresas y bienes inmuebles» que podrían corresponder a la estructura financiera de la organización.
El Ministerio Público indicó que el objetivo de los allanamientos también ha sido «verificar la posible presencia» de Monzón, aunque hasta el momento no han reportado resultados del posible paradero del exsecretario de Baldetti.
La investigación, realizada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público, ha permitido hasta el momento la captura de 27 personas, entre ellos Omar Franco y Carlos Muñoz, extitulares de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Según confirmó hoy el presidente Otto Pérez Molina, la exvicepresidenta «no ha salido del país», máxime cuando tiene una orden de arraigo que el Ministerio Público solicitó a un juzgado tras conocer que el Congreso había aceptado la renuncia de Baldetti.
En la carta de dimisión que Baldetti presentó ante Pérez Molina y el Congreso, indicaba que su renuncia era «una muestra de voluntad para que se esclarezcan los hechos y para eliminar toda sospecha» de su supuesta interferencia o implicación en la investigación.
Asimismo, aseguraba que su dimisión tenía como objetivo ponerse a disposición de la Justicia.
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