El MotínINFOBAE
George Orwell alertaba en ’1984′ sobre un Ministerio de la Verdad que decide si las noticias son ciertas o falsas según los intereses del poder. Setenta y un años después de la publicación de esta novela distópica, la oposición en España acusa al gobierno de coalición progresista entre PSOE y Podemos de instaurar un órgano similar para “controlar a los medios” tras aprobar un protocolo contra las fake news. Desde el gabinete que dirige el socialista Pedro Sánchez aseguran seguir las directrices de la Unión Europea mientras las asociaciones de la prensa denuncian que no les hayan consultado antes.
Según el gobierno español, este protocolo, que le otorga poder para “monitorizar y vigilar” las campañas de desinformación (y decidir cuáles lo son y cuáles no), obedece a la estrategia europea para “luchar contra las injerencias externas”. La UE aprobó en 2018 un sistema de alerta rápida para detectar mensajes que pretendan desestabilizar su estructura o la de sus estados miembros. El plan es compartir datos y buscar el origen de los ataques para neutralizarlos.
Durante los días más tensos de la crisis independentista en Cataluña entre octubre y noviembre de 2019 los analistas denunciaron también la injerencia de ejércitos de bots rusos para desestabilizar al Estado español.
Ya el anterior gobierno del conservador Partido Popular en España, entonces liderado por Mariano Rajoy, comenzó a trabajar en 2019 contra la desinformación. Desde el PSOE aseguran que el plan actual no tiene “absolutamente nada que ver” con esos supuestos ataques a la libertad de prensa.
La vicepresidenta primera del gobierno, Carmen Calvo, ha hecho referencia para defender esta herramienta a las más recientes elecciones en Estados Unidos y a la interrupción de las emisiones por televisión del discurso de Donald Trump cuando hablaba de fraude. “Estamos viviendo en un tiempo en el que en cualquier lugar del mundo la mentira se convierte en información y las democracias tienen que luchar contra esto porque forma parte de nuestro derecho constitucional”.
Los tres partidos mayoritarios de la oposición, en el arco político de la derecha (desde los conservadores del PP hasta la extrema derecha de VOX, pasando por los liberales de Ciudadanos), coinciden en que la medida vulnera la Constitución y acusan al gobierno de querer instaurar “un orwelliano Ministerio de la Verdad”, en palabras del líder popular Pablo Casado.
“Tal y como está escrito encierra múltiples ambigüedades. Aunque podría ser una herramienta cargada de buenas intenciones, depende de cómo y para qué se utilice y eso no queda claro en el texto”, dice a Infobae Alfonso Armada, presidente de la sección española de Reporteros Sin Fronteras (RSF). Cree que esa falta de concreción podría usarse “de tapadillo” para controlar las noticias que no gusten al gobierno.
En la misma línea se manifiesta la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) a través de un cuestionario que ha respondido para Infobae su presidente Juan Caño. “Existe el riesgo de que se desvirtúe el protocolo y decaiga en censura si no se exponen meridianamente sus funciones y quiénes las llevarán a cabo”.
El problema es que al mando de este plan de vigilancia están órganos del propio gobierno como el de Presidencia y los distintos ministerios bajo la supervisión del Secretario de Estado de Comunicación. Apenas se menciona en la letra pequeña la participación de la sociedad civil.
Por el momento la única respuesta desde la Unión Europea ha sido positiva. “El objetivo de la orden ministerial es garantizar la participación de España en el plan de acción contra la desinformación”, ha dicho el portavoz de la Comisión Europea Johannes Bahrke, quien considera que el protocolo del gobierno español tan sólo actualiza el trabajo que venía de antes.
La presencia de Podemos en el gobierno ha disparado las alarmas de la oposición y de parte de la prensa, donde desde el principio de la legislatura en enero de 2020 se advierte de una supuesta “dictadura comunista” en España auspiciada por este partido de izquierda que surgió tras las movilizaciones del movimiento de indignación del 15-M en 2011.
En 2017 la Asociación de la Prensa de Madrid exigió a Podemos que abandonara su “campaña de acoso personal” a periodistas, especialmente a través de las redes sociales pero también por medio de alusiones públicas, llamadas intimidantes y mensajes privados, según decía el comunicado de la APM.
Entonces los medios escorados hacia la izquierda y parte de la sociedad civil afín a los movimientos sociales que apoyan a Podemos criticaron que la APM (entonces con otra junta directiva distinta a la actual) no se hubiera manifestado en contra de otros ataques contra los medios por parte del conservador Partido Popular, entonces en el poder.
“A todos los Gobiernos les gustaría coartar en mayor o menor medida la imprescindible misión de los periodistas de informar verazmente. Les gustaría imponer ‘su verdad’, sin intermediarios. También a los distintos partidos políticos, si bien es aún más flagrante si la presión es ejercida por miembros del Gobierno. En España, en los últimos años están proliferando los vetos y, asimismo, los señalamientos públicos a varios periodistas y medios de comunicación con la intención de amedrentar al informador”, argumentan desde la APM.
De fondo está la batalla de ideas que se libra entre los dos arcos del plano ideológico en España, cuyo altavoz son redes sociales como Twitter pero también algunos medios de comunicación.
“Lamentablemente algunos periodistas se prestan a transmitir los mensajes que quieren colar los partidos políticos, por eso es necesaria la pluralidad de medios, para que los ciudadanos no se fíen de una sola fuente y puedan contrastar la información”, opina Alfonso Armada, desde Reporteros Sin Fronteras.
Piensa que el gobierno actual “tiene prácticas que no son impecables” en cuanto a transparencia. Pone como ejemplo estos últimos meses, donde ha existido “una confusión generalizada” respecto a la estrategia de las autoridades para combatir la pandemia y “unas diferencias inaceptables” entre las cifras de muertos oficiales y las reales, además de presiones para que los fotógrafos no pudieran publicar imágenes de los muertos por el virus.
“No es el mejor momento para lanzar esta campaña tras varios meses de estado de alarma y una situación tan excepcional donde el control parlamentario está amortiguado”, opina.
Señala otros temas delicados donde el gobierno trata de controlar la información: la crisis migratoria en las Islas Canarias, donde se ha dificultado la labor de los periodistas y fotógrafos, así como la Ley Mordaza (como se conoce a la ley de protección ciudadana), “que el PSOE prometió abolir pero ahora está utilizando para limitar la libertad de prensa, para censurar a artistas, prohibir manifestaciones o devolver en caliente a sus países de origen a los migrantes que llegan de África”.
“Es sabido por sus declaraciones, especialmente en anteriores etapas, que hay miembros del Ejecutivo que favorecerían el control de la prensa o de ciertos medios de comunicación”, dicen desde la APM en referencia a Podemos.
Precisamente su líder, Pablo Iglesias, sigue desde el poder con el mismo discurso que ya utilizó durante la campaña electoral cuando era parte de la oposición, denunciando que había un “complot de las cloacas del Estado” amparado por ciertos “medios de ultraderecha” contra su propio partido.
“No es cuestión de una ideología u otra, todos los gobiernos tienen una tendencia a mentir, es su naturaleza. Por eso están sometidos a contrapoderes y el de la prensa es uno de ellos. Por suerte, España es una democracia donde tenemos el derecho a escuchar todo tipo de voces, aunque no nos gusten. Para resguardar eso, seguiremos vigilantes”, concluye Alfonso Armada.
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