Amaurys FlorenzánLa Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco), depositó este lunes en la Procuraduría General de la República la denuncia sobre los reiterados pronunciamientos de diputados relacionados a que funcionarios del gobierno supuestamente sobornaron a varios legisladores para que apoyaran la modificación de la Constitución, a fin de restablecer la repostulación del presidente Danilo Medina Sánchez.
El documento con las declaraciones de los diputados está dirigido al procurador Francisco Domínguez Brito, y fue entregado por el coordinador general de Adocco, Julio César de la Rosa Tiburcio, en compañía de otros miembros de esa entidad.
Entre las acusaciones están las del diputado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Ramón Bueno, quien el 21 de abril dijo: “Hay ministros que han contactado legisladores con la intención de sobornarles para que voten a favor de la reforma constitución que permita reintroducir la reelección presidencial por dos periodos consecutivos”, también durante el conocimiento de la ley de convocatoria a la Asamblea Revisora, el diputado y vocero del PRM, Nelson Arroyo, responsabilizó a los ministros de Obras Públicas, Gonzalo Catillo, y de Economía, Planificación y Desarrollo, Temístocles Montás; así como el reformista Marino Collante, de haberse ocupado de persuadir a sus colegas.
De la Rosa Tiburcio expresó que otra de las evidencias son las declaraciones en medio de la Asamblea Nacional Revisora manifestadas por la diputada Minou Tavares Mirabal, quien expuso sentirse asqueada del mercado en que convirtieron el Congreso.
La entidad de la sociedad civil planteó que esas denuncias las han mantenido en los medios de comunicación y hasta hoy nadie, ni los directivos del Poder Legislativo, ni los acusados, ni las autoridades de administrar justicia, han pedido que el autor de tan graves acusaciones o se retracte o que sus dichos sirvan para iniciar un proceso que debiera ayudar a higienizar la política enviando a los autores de esos presuntos delitos al lugar donde deben residir los delincuentes.
Entre las denuncias de Minou Tavares sobresale: “Nueva vez, los nombres y las sanciones quedarán pendientes. Repito: pendientes. Pendientes, porque en cosa de días, de semanas, confirmaremos que el soborno no sólo significa pagos en dinero como los denunciados en la Cámara de Diputados, conoceremos los nombres de nuevos agraciados en el Gobierno y podremos empezar a sumar para saber cuánto dinero costó a este país en el mundo la aventura de un candidato al Trujillo del siglo XXI”.
Otro de los aportes que justifican la solicitud de investigación es lo planteado por el diputado Jorge Frías, del PRM, quien afirmó que hubo sobornos por parte del gobierno y que intentaron comprarlo para que vote a favor del proyecto de modificación a la Constitución.
Frías se puso a disposición de Domínguez Brito para suministrar los nombres de los diputados que fueron “comprados” por funcionarios del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), e indicó que está dispuesto a someterse a la prueba del polígrafo para que la verdad quede establecida.
Adocco ha sostenido que es penoso que pese a tantas denuncias acerca de que se estarían utilizando los recursos del Estado dominicano, el Ministerio Público se comporte indiferente, cuando es su responsabilidad actuar.
De la Rosa Tiburcio emplazó al procurador para que asuma su rol e inicie de inmediato las indagatorias correspondientes.
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