Los abogados de la familia del catedrático y jurista Yuniol Ramírez recusaron este viernes a la juez del caso, Solange Vásquez, por considerar que actúa de manera parcial en beneficio de los procesados.
Como consecuencia de la recusación, se aplazó hasta el próximo 7 de junio la audiencia contra los nueve implicados en crímenes de corrupción en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) y en el asesinato de Ramírez.
Uno de los representantes legales de la familia del fallecido, Manauri Montero, afirmó en declaraciones a la prensa que la magistrada no cumple con sus funciones, y que está «desesperada, actuando de una forma parcializada a favor de los imputados. Parece que está cumpliendo alguna línea» afirmó.
Por este caso están acusados Manuel Antonio Rivas, exdirector de la OMSA, Faustino Rosario Díaz, Eddy Rafael Santana Zorrilla, Argenis Contreras González, José Antonio Mercado Blanco, alias El Grande; Víctor Elisander Ravelo Campos, alias El Herrero; Jorge Luis Abreu Fabián, alias DJ y El Taxita; Heidy Carolina Peña y Lilian Francisca Suárez Jáquez.
Según la acusación, el 11 de octubre de 2017 Contreras González, que se encuentra prófugo, se presentó en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), donde impartía docencia la víctima.
Allí, le pidió al catedrático que abordara la camioneta en la que se desplazaba, dentro de la cual le disparó en la cabeza, causándole la muerte.
En el caso de Manuel Antonio Rivas, exdirector de la OMSA, no se estableció su vinculación con el asesinato, pero sí se determinó su implicación y se presentó acusación por varios delitos.
En concreto, asociación de malhechores, soborno, crímenes de corrupción, fraude contra el Estado, corrupción en procesos de duplicidad de pagos y en procesos de urgencia (violentando procesos de licitación), así como asociación de malhechores para cometer prevaricación, desfalco y estafa en perjuicio del Estado.
Yuniol Ramírez investigaba un presunto caso de corrupción en la OMSA, y su cadáver apareció en la comunidad de Hato Nuevo, en el sector Manoguayabo de Santo Domingo Oeste, un día después de haber sido reportado como desaparecido.
Las autoridades determinaron en su momento que el asesinato de Ramírez obedeció a un entramado de chantaje y corrupción en la OMSA.