RedacciónLa defensa del abogado y notario Conrado Pittaluga, imputado por el caso de los sobornos de Odebrecht en la República Dominicana, acusó este martes a la Procuraduría General de manipular las delaciones premiadas remitidas por la constructora brasileña a las autoridades del país.
Según la barra compuesta por los abogados Manuel Rodríguez, Santiago Rodríguez Tejeda y Edward Valera, «hay falsedades inexcusables» en el expediente, y las pruebas que supuestamente recibió desde Brasil el Ministerio Público de la República Dominicana «no se corresponden con las que se presentaron hoy en audiencia», expusieron ante la prensa al salir del Tribunal.
«Los documentos enviados desde Brasil tienen una cantidad de páginas en su descripción», mientras que lo que se ha depositado en el expediente tiene un número de páginas diferente, y «esos documentos son muy relevantes porque son los que han iniciado este proceso» con base en la declaración de los delatores.
Los letrados sostienen que «no sabemos realmente lo que dijeron esos delatores ni cuál fue la extensión de lo que dijeron porque el Ministerio Público ha ocultado las pruebas o las ha manipulado, porque las que tenemos no son, definitivamente, las que se remitieron de manera original».
Los abogados de Pittaluga señalaron que las pruebas obtenidas por el Ministerio Público son ilegales porque se ha violentado el debido proceso, «un vicio que afecta a todo el material probatorio» de la institución, «empezando por informes a los que quieren dar la connotación o tratamiento de peritaje sin cumplir con el debido proceso» tal y como está establecido.
Otras pruebas «acusan el vicio de impertinencia, entendido el concepto en que no tiene ninguna relación con nuestro representado, afirmaron los abogados.
Esta «mutilación de las pruebas no genera otra cosa que no sea la nulidad», tal y como estableció la defensa en la sesión de este martes.
Pittaluga es uno de los siete imputados por los sobornos que la constructora brasileña Odebrecht reconoció haber pagado en República Dominicana entre 2001 y 2014 para hacerse con contratos de obras públicas, y entre los que hay un exministro de Obras Públicas, un senador y varios exsenadores.
