El Motín
Por Danilo Cruz Pichardo
El gobierno de Luis Abinader, en los meses que lleva al frente de la administración pública, ha mostrado interés en dar solución a problemas que se arrastran durante décadas, por lo que no se le puede regatear sus intenciones de mejorar las condiciones de vida de los dominicanos, en lo económico y social, así como en otros aspectos vitales de la vida nacional.
La presente gestión exhibe luces en materia de transparencia en la administración de fondos públicos, muestra gran interés en impulsar el turismo, gran generador de divisas y soporte principal de nuestra economía antes de la pandemia, ha manejado adecuadamente la crisis sanitaria y hace esfuerzos por la institucionalidad democrática, al inclinarse por la selección de personalidades sin cuestionamientos éticos en las cortes y designando a un Ministerio Público supuestamente independiente.
Sin embargo, las cabezas principales de ese Ministerio Público crearon mayores expectativas en la población sobre el combate al cúmulo de corrupción administrativa sin sancionar, entiéndase impunidad.
En los 16 años de gobiernos consecutivos del PLD –en los cuales se registraron grandes y graves escándalos de corrupción– tanto Danilo Medina como Leonel Fernández comparten responsabilidad, pero hasta el momento solo se ha tocado a un sector y específicamente involucrando a parientes directos del actual presidente del PLD, en el denominado Operativo Antipulpo.
A las tres figuras principales del Ministerio Público se les acusa de actuar de forma lenta y parcial. Y que además se ha quedado con el soporte del mismo personal que sirvió a los procuradores peledeístas, motivo por el cual algunos de los perseguidos ya tenían el aviso.
Analistas independientes estiman que al presente gobierno le convenía poner un verdadero ejemplo contra la impunidad, lo que daría satisfacción a segmentos progresistas y avanzados que históricamente han condenado la corrupción pública. Se cree, asimismo, que al gobierno le convenía la condena de todos los involucrados en escándalos de corrupción, pues termina de hundir políticamente al PLD, el cual, si la justicia continúa al paso que va, podría recuperarse y levantarse. Danilo Medina es un hombre callado, pero buen estratega y actúa conforme al momento y a las circunstancias.
Es difícil de establecer si esa justicia lenta y parcial que implementa el Ministerio Público obedece a una línea de la Procuraduría General de la República, donde hay funcionarios que les atribuyen deudas de gratitud con Leonel Fernández, o es un sutil mandato del Jefe de Estado, que hizo una alianza estratégica con la Fuerza del Pueblo en la pasada campaña electoral, la cual parece mantenerse en ciertos aspectos, en vista de que ningún miembro del cuerpo diplomático, identificado con Fernández, ha sido destituido. Muchos de esos funcionarios estuvieron con Gonzalo Castillo en la pasada campaña electoral, pero en un ejercicio de supervivencia se han pasado a la Fuerza del Pueblo.
Se habla que más del 80% de los dirigentes del PRM y miembros de los partidos y movimientos aliados, en la contienda comicial del 5 de julio del 2020, que hicieron posible el cambio, todavía no se les ha tomado en cuenta para fines de empleo.
Hace justamente dos meses que el ministro de Administración Pública, Darío Castillo Lugo, anunció que ya no habría más cancelaciones. El funcionario no fue desautorizado por José Paliza, presidente del PRM y ministro Administrativo de la Presidencia, pero mucho menos por Luis Abinader, presidente de la República, quien al iniciar su mandato anunció de forma categórica que no aplicaría aplanadora, que ningún servidor público sería cancelado por razones políticas.
La superintendente de Seguros, Josefa Castillo, no canceló peledeístas para no contrariar la línea del Gobierno, pero metió a sus compañeros de Boca Chica, lo que disparó la nómina y el presupuesto de esa institución. Con esa actitud Josefa garantiza el apoyo de sus seguidores.
Hay quienes sostienen que no designar a los perremeístas se trata de un capítulo cerrado. Se dice que el presidente Abinader procura ganarse el apoyo de los empleados públicos, considerando el futuro incierto de un PLD desacreditado y a la defensiva.
Adherir a peledeístas a su causa es una de las metas en el marco de un conjunto de pasos para reciclarse políticamente con miras al 2024. Se persigue hacer un gobierno honesto, aspecto que suma adeptos y contribuye a alta aprobación por la población, pero también ganar simpatías con el levantamiento del muro fronterizo, aprobado por más del 75% de los dominicanos.
El presidente Abinader es un hombre que no anda cometiendo errores y sobre el tema de las tres causales, que divide a la población mitad y mitad, se limpió las manos como Pilatos, anunciando que no bajaría línea
a los diputados de su partido, los cuales, al igual que los de las demás bancadas, temen “como el Diablo a la cruz” a las iglesias. El Código Penal viene sin las causales, pese a que es un tema científico y no religioso.
En política lo lógico es sumar. Sumar a lo que ya tiene. Deshacerse de quienes le llevaron al poder, para pretender votos de empleados públicos, que deben su nombramiento a Leonel o a Danilo, es riesgoso. No deja de ser un riesgo, además, procurar reciclarse con sectores conservadores, que tienen de líderes a Leonel y a Danilo, los mismos que heredaron a Joaquín Balaguer.
Se deja el espacio libre de la franja liberal, la que parece no interesarle al jefe de Estado, lo que podría motivar un nuevo liderazgo en personas social demócratas, de izquierda y de centro izquierda, los mismos que estuvieron en Marcha Verde.
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