RedacciónLa Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, integrada únicamente por oficialistas, decidió este viernes arrogarse las competencias para legislar de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), que tiene una contundente mayoría opositora y que rechazó esta decisión al considerarla una «disolución».
La ANC tomó esta medida luego de que la directiva del Parlamento no acudiera a la reunión a la que había sido convocada por parte de la Constituyente, un órgano que los opositores tildan de «fraudulento» y ven como un instrumento del Gobierno de Nicolás Maduro para consolidar una dictadura en el país.
Mediante un decreto el cuerpo plenipotenciario aprobó «asumir las competencias para legislar sobre las materias dirigidas directamente a garantizar la preservación de la paz, la seguridad, la soberanía, el sistema socioeconómico y financiero, los fines del Estado y la preeminencia de los derechos de los venezolanos».
«Así como para dictar actos parlamentarios sin forma de ley vinculados con las referidas materias, conforme al mandato del artículo 349 de la Constitución», agrega el acuerdo que alega el poder supraconstitucional de la Constituyente para emitir decisiones incontestables.
Los más de 500 representantes de la ANC celebraron entre aplausos esta declaración que la directiva del Parlamento y los diputados de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) no reconocen y aseguran que no acatarán, según indicó el presidente de la Cámara a través de Twitter, Julio Borges.
El opositor consideró que el decreto «de la fraudulenta ANC busca repetir» dos sentencias emitidas en marzo por el Supremo en las que se suprimía parcialmente la inmunidad de los legisladores y la Sala Constitucional se arrogaba las competencias de la Cámara, lo que dio pie a una oleada de protestas que se saldó con más de 120 muertos.
«El golpe de estado perpetrado por la ANC es la profundización de las acciones que ejerce el régimen de (Nicolás) Maduro contra AN y Constitución (…). La ANC es nula y sus actos ilegales e inconstitucionales. Decisión de anulación no será acatada por AN, comunidad internacional o pueblo», prosiguió Borges.
El Parlamento venezolano ha rechazado que la Asamblea Constituyente opere en el país como una institución desde mucho antes de que fuese instalada, pues la consideran ilegítima y fraudulenta por no haber consultado a la población si aceptaban que se instaurara este órgano.
Esto fue reafirmado hoy cuando anunciaron su decisión de no acudir ante la ANC para subordinarse, luego de que este órgano citara a la Cámara a la sesión de este viernes.
«Rechazamos, desconocemos y no compareceremos ante la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente y nos sometemos a la vigencia de la Constitución de 1999», se lee en un comunicado del Parlamento emitido antes de que empiece la sesión de la Constituyente.
El Parlamento es el único de los 5 poderes reconocidos en la Constitución venezolana que no se ha subordinado a la Constituyente, después de que sí lo hicieran el propio presidente Nicolás Maduro y los titulares de los Poderes Judicial, Electoral y Ciudadano.
El comunicado del Parlamento es una extensa carta abierta a la nación en la que repasa las razones por las que repudia esta Asamblea que ya ha cesado a la fiscal crítica con Maduro y amenaza con llevar a la cárcel a los líderes de oposición.
Según el escrito, firmado por el presidente del Parlamento, este órgano «no es una auténtica asamblea constituyente» sino «un poder de facto» que «pretende perpetuar» a Maduro en el poder.
Para que el Parlamento pueda recuperar sus competencias debe reconocer a la Asamblea Constituyente, según dijo Diosdado Cabello, el hombre fuerte de este órgano instaurado por el oficialismo, que también señaló que la Cámara puede reunirse «las veces que quiera» y «con quien ellos quieran».
Al igual que la presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez, Cabello afirmó que la medida adoptada no supone la disolución del Parlamento, que tenía la mayoría de sus funciones suspendidas desde prácticamente su elección, al haber sido declarado «en desacato» por el Tribunal Supremo de Justicia.
En la sesión que celebró la Constituyente hoy también se acusó a la ex fiscal general, Luisa Ortega, -antiguamente vinculada al chavismo- de haber ejercido «supremacía blanca» durante los casi 10 años que estuvo como titular de la acción penal en el país.
«La extitular del Ministerio Público hizo de su color de piel una ideología para perseguir a los jóvenes pobres, negros, mestizos», aseguró la presidenta de la ANC.
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