RedacciónParticipación Ciudadana, movimiento cívico no partidista, en su informe final de la observación electoral 2016, considera que se hace necesario iniciar un proceso de renovación y reactivación de la sociedad civil ante una maquinaria gobernante que concentra todos los poderes del Estado.
En la recién pasadas elecciones presidenciales, congresuales y municipales, considera impostergable una serie de reformas políticas y electorales para evitar, de una vez por todas, las violaciones a la Constitución y las leyes, las inequidades en el financiamiento público, en el uso de los medios de comunicación, las parcialidades de la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral, el uso de los recursos del Estado y las opacidades que deslegitimaron el pasado proceso electoral en el que resultaron reelectos el Presidente y la Vicepresidenta de la República.
Estima que ese proceso debe iniciarse rescatando o creando mecanismos de consulta y articulación de los espacios existentes, identificando y estableciendo estrategias comunes de presión que permitan retomar valores y principios democráticos.
“El éxito político que ha obtenido la maquinaria política gobernante, concentrando todos los poderes del Estado, no incentiva las reformas necesarias para restablecer el equilibrio democrático. Sólo una gran presión de las fuerzas sociales, compactadas en torno al objetivo de rescatar la institucionalidad democrática disminuida, y la renovación de partidos y dirigentes políticos, podrá generar las sinergias imprescindibles para retomar el camino del fortalecimiento institucional de la nación”.
Considera que la reelección presidencial arrasó con la institucionalidad democrática, involucrando a gran parte de la estructura del Estado, generando inequidad entre los competidores y restando legitimidad a sus resultados.
La reelección no fue sólo del primer mandatario, sino también de más del 90 por ciento de los senadores/as, tres cuartas partes de los diputados/as y más de la mitad de los alcaldes y regidores. 29 de los 32 senadores/as repiten en el cargo, habiéndose beneficiado, al igual que los diputados/as, no sólo del financiamiento ilegítimo para planes sociales de “asistencia social”, sino también de innumerables ventajas del poder local.
Entre las violaciones a la institucionalidad democrática, Participación Ciudadana señala los acuerdos políticos que garantizaron la repostulación total de los legisladores a cambio de su apoyo para modificar la Constitución de la República; las denuncias de que el Congreso fue convertido en un mercado de compra de votos y un pacto de impunidad mediante el cual el Procurador General de la República renunció a recurrir ante la Suprema Corte de Justicia la sentencia de no ha lugar sobre un expediente de corrupción contra el senador Félix Bautista que involucraba irregularidades en el manejo de más de 26 mil millones de pesos.
En dicho informe también deplora la parcialidad de una Junta Central Electoral conformada con una mayoría de integrantes provenientes del partido gobernante y sus aliados; la elección de candidatos, casi en todos los partidos, realizada de espaldas a los principios de la democracia; y la desigual distribución del financiamiento estatal. Los partidos de la Liberación Dominicana, Reformista Social Cristiano y Revolucionario Dominicano recibieron el 80 por ciento del financiamiento público, es decir, RD$1,288 millones de pesos, mientras que el Revolucionario Moderno, principal opositor, sólo RD$12 millones.
Otra violación a la institucionalidad, según detalla este informe, fue el incremento del déficit fiscal del gobierno, tanto en el gasto de capital como en el corriente. El déficit del gobierno alcanzó los 34 mil millones de pesos en el primer cuatrimestre del 2016. El gobierno pagó nominillas y personal transitorio, hasta alcanzar los 27 millones de pesos diarios; en combustibles y lubricantes gastó 11 millones diarios; e igual suma, en publicidad y propaganda.
El gasto en remuneraciones se elevó en el primer trimestre de 2016, en relación al 2015. Resalta la Oficina de Ingenieros Supervisora de Obras del Estado (OISOE), en 54.6 por ciento , en 677.8 por ciento para personal transitorio, renglón que registró aumento del 211 por ciento en el ministerio de Educación y 68 por ciento en el de Obras Públicas. En Industria y Comercio el pago a personal transitorio fue mayor que las remuneraciones a personal fijo.
Dos terceras partes de los altos funcionarios del gobierno dirigían la campaña electoral del PLD en todo el país, con el presidente y la vicepresidenta de la nación, ambos en búsqueda de la reelección, encabezando actos oficiales, inauguraciones y marchas caravanas con cientos de vehículos. El uso de recursos estatales, incluyendo pago de salarios, dietas y combustibles, registró dimensiones inocultables.
La JCE declinó sus facultades y obvió las más graves violaciones a los principios de libertad, equidad y transparencia, apenas adoptó tres resoluciones cautelares en el último tramo de la campaña electoral, como la prohibición del uso de los vehículos estatales en el proselitismo y que los tres medios de comunicación del Estado garantizaran igualdad de acceso a todos los candidatos presidenciales.
Violaciones a la ley electoral
En cuando a la ley electoral, Participación Ciudadana documentó violaciones a 24 de sus artículos y llegó a la conclusión de que el fracaso de la implementación del sistema de automatización del escrutinio electoral se debió a la falta de gerencia y de tiempo.
La JCE firmó el contrato con la empresa española Indra Sistemas, cinco meses antes de las elecciones. Los términos y condiciones se desconocen debido a la falta de transparencia de la entidad electoral. La JCE no coloca en su página contratos como ese ni como el suscrito con el Latinobarómetro de Las Américas para auditar el padrón, o el firmado con PriceWaterHouse para la auditoría a los equipos y programas para la automatización del conteo.
Un dato que llama la atención en la adjudicación de los equipos de impresoras de Indra Sistemas por US$31,831,680 millones de dólares es el bajo costo de los otros oferentes y las violaciones a la ley de Compras y Contrataciones.
A pesar de que Indra Sistemas se comprometió a entregar el 15% de los equipos el 30 de septiembre de 2015 y el restante 85% el 15 de diciembre de 2015, la realidad es que la primera parte de los equipos llegó seis semanas antes de las elecciones.
PC demanda que la JCE rinda cuentas al país sobre el fracaso y enorme costo de la inversión realizada en el montaje de las elecciones. Reclama que se establezcan las responsabilidades que sean pertinentes a la empresa Indra Sistemas y que el ministerio público y la Cámara de Cuentas inicien investigaciones que puedan determinar las negligencias en este proceso.
A propósito de las opacidades de la JCE, Participación Ciudadana evidencia la falta de información en la página web de esa institución.
Rosario de errores
Participación Ciudadana detalla una serie de violaciones a la ley,-que suman veinte- arbitrariedades, opacidades, descalificaciones, confusiones, divisiones internas en esa institución, improvisaciones, que un presidente de una JCE nunca debería cometer.
Los principales crímenes y delitos electorales identificados se resumen en compras de cédulas, votos, miembros de colegios y delegados políticos; acoso al ciudadano; la conversión de las elecciones en un libre mercado; campaña electoral en plena jornada de votación; venta de bebidas alcohólicas; y delitos en el conteo de los votos. La entidad deplora que la prevención, persecución y sanción de los crímenes y delitos electorales sea letra muerta.
En el documento final sobre las elecciones dominicanas de 2016, Participación Ciudadana establece que el costo humano del pasado proceso electoral culminó con la muerte de ocho personas y, por lo menos, 39 heridos de balas y machetazos. En el proceso se contaron 22 tiroteos. De las víctimas mortales, tres ocurrieron en la campaña interna de los partidos, cuatro durante la jornada de votación y la octava víctima, dos días después de las elecciones.
El voto de RD, uno de los más costosos
A partir de los pocos datos cuantificables y confiables que han sido divulgados por la JCE, Participación Ciudadana calculó cuánto costó aproximadamente cada voto en República Dominicana. El resultado fue que el voto dominicano costó 28.77 dólares, lo cual lo sitúa como el más elevado de la región. Por ejemplo, en Argentina el voto emitido tiene un costo de 41 centavos de dólar; en Brasil, 29 centavos de dólar y en México, 17.24 dólares. Para más información sobre este cálculo lea el informe completo.
Las irregularidades en los resultados electorales campearon. Casi todas las denuncias se refirieron a la elección de los niveles congresuales y municipales y en una apreciable cantidad también al conteo de los votos preferenciales por diputados, con indicios de tramperías aún a lo interno de los mismos partidos.
Las irregularidades en provincias como Valverde y María Trinidad Sánchez fueron significativas. Un patrón que afectó los boletines en varias juntas electorales fue que candidaturas de oposición aparecieron con menos cantidad de votos que en boletines anteriores. Las irregularidades afectaron el Distrito Nacional, impactando aproximadamente el 10% de los colegios electorales y dejando sin contar o anulado el voto de más de 100 mil electores.
La Junta Electoral el DN anuló la votación en 153 colegios electorales. La Junta Electoral de Santo Domingo Oeste anuló el 25 de mayo la votación en 147 colegios electorales, básicamente en los niveles congresual y municipal. En 69 de ellos no se había computado el voto preferencial de los diputados. En el municipio de Santo Domingo Norte se recibieron 157 actas de colegios sin completar el cómputo en su mayoría, de los diputados.
En Santo Domingo Este cuatro candidatos a alcaldes de la oposición y un quinto a diputado protagonizaron una huelga de hambre. Sus denuncias incluían que los resultados de 200 colegios electorales se recibieron en la junta municipal hasta al día subsiguiente de la votación, en muchos casos con los sellos de seguridad de la valija desprendidos.
Las reformas imprescindibles
Participación Ciudadana estima imperativo aprobar una Ley General del Régimen Electoral que reforme la ley electoral 275-97 que defina claramente el alcance de las funciones de la Junta Central Electoral, que responda a las necesidades sociales actuales, garantizando un mínimo de igualdad en el ejercicio de la política.
También una ley de Partidos y agrupaciones políticas. PC recuerda que el primer proyecto consensuado de Ley de Partidos salió de la Comisión para la Reforma y Modernización del Estado en 1999. Para el 2001 ya el entonces Consejo Nacional para Reforma del Estado reactualizó aquel proyecto. Posteriormente, el proyecto ha sido introducido a las cámaras legislativas en unas ocho ocasiones, sin que haya habido voluntad política para aprobarlo, al menos en los términos en que ha sido consensuado.
Igualmente recordó que desde el 2011, y como fruto de una consultoría con expertos de la OEA, la JCE ha sometido dos veces al Congreso Nacional un proyecto de Ley General del Régimen Electoral y otro proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas el cual llegó incluso a ser consensuado por una Comisión Bicameral nombrada al efecto, del cual se debe partir procurando que contenga elementos que recuperen la confianza ciudadana en los partidos políticos a la vez que los defina como instrumentos al servicio del pueblo y la sociedad democrática, eliminando las prácticas clientelares; estableciendo la transparencia, la rendición de cuentas y la supervisión y control de los recursos en los partidos políticos.
Ese proyecto debe incluir democracia interna y equidad de género; obligatoriedad de elecciones primarias a fin de garantizar que los escogidos sean el resultado de la voluntad de las bases; prohibir el uso de los recursos del Estado en las actividades partidarias; obligar a los partidos y agrupaciones políticas a establecer un registro público de contribuyentes; establecer la obligatoriedad de los debates de las propuestas de los candidatos presidenciales; garantizar los derechos de las minorías; obligar a los partidos a dedicar un porcentaje de sus ingresos a la educación de sus miembros y pueblo en general, en derechos ciudadanos, entre otras iniciativas.
Los órganos electorales deben ser independientes.
Participación Ciudadana recuerda, como lo han hecho ya otras instancias de la sociedad civil, que el 16 de agosto vence el período de elección de los integrantes de la Junta Central Electoral y del Tribunal Superior Electoral, por lo que hace un llamado a que se escojan personas que no sean dirigentes ni militantes de partidos políticos, sino que sean personas de reconocida probidad y solvencia moral, ética y profesional. “No se pueden repetir los pactos políticos que llevaron dirigentes activos de partidos a los órganos de organización y control electoral”. Los dos órganos deben ser renovados respetando la igualdad de género que consagra la Constitución.
Renovación de la sociedad civil
En el año 2000 durante la primera jornada de observación electoral, PC pudo captar 6,000 voluntarios y 100 organizaciones de la sociedad civil que fueron articuladas a la red de observación electoral.
Estas organizaciones no sólo realizaban su aporte en voluntarios, en gestión de recursos, sino también como organismo de presión para garantizar la realización y la transparencia en el proceso.
En la medida en que el financiamiento, tanto local como internacional, fue escaseando disminuía la actuación de la sociedad civil en los procesos democráticos fundamentales y organizaciones de la sociedad civil que participaban en procesos fundamentales para la democracia y redujeron su incidencia. Esta participación se fue reduciendo ya sea por omisión, indiferencia o por intereses, entre otros, perdiéndose su aporte como organismos de presión.
Esta escasez de recursos financieros internacionales fue aprovechada por el Gobierno, que con aportes, principalmente económicos, fue inmovilizando una parte de la sociedad civil a través de la cooptación de dirigentes, técnicos y militantes. Así se redujo la autonomía de importantes núcleos sociales, mientras se incrementaba su indiferencia ante los procesos sociales.
Participación Ciudadana deplora la reducción de la incidencia de las organizaciones sociales que impidió que la sociedad civil se constituyera en una barrera de contención del desguañangue del sistema partidista y electoral. Sin las organizaciones empresariales, sindicales, profesionales, las academias universitarias, sin su aporte como organismos de presión, es muy difícil detener la regresividad de los procesos democráticos y alcanzar las reformas necesarias para transformar la política y garantizar la institucionalidad.
Ante la coyuntura actual se hace necesario a corto plazo iniciar un proceso de renovación y reactivación de la sociedad civil. Este proceso debe iniciarse rescatando o creando mecanismos de consulta y articulación de los espacios existentes, identificando y estableciendo estrategias comunes de presión que permitan retomar valores y principios democráticos.
El éxito político que ha obtenido la maquinaria política gobernante, concentrando todos los poderes del Estado, no incentiva las reformas necesarias para restablecer el equilibrio democrático. Sólo una gran presión de las fuerzas sociales, compactadas en torno al objetivo de rescatar la institucionalidad democrática disminuida, y la renovación de partidos y dirigentes políticos, podrá generar las sinergias imprescindibles para retomar el camino del fortalecimiento institucional de la nación.
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