RedacciónLa solicitud de medida de coerción consistente en prisión preventiva, será depositada en la mañana de hoy, por la Fiscalía de Santo Domingo.
La Procuraduría General de la República, mediante la Fiscalía de Santo Domingo, solicitó medida de coerción contra siete militares que aprovechando sus puestos de trabajo en el Departamento de Material Bélico del Ministerio de Defensa, alegadamente ingresaron al país de manera irregular 220 armas de fuego, dándoles apariencia lícita.
Tras meses de investigación conjunta, el Departamento de Control de Armas y de Inteligencia del Ministerio de Interior y Policía, la Procuraduría Especializada en Tráfico de Armas y la Fiscalía de Santo Domingo, detectaron que desde el 2012 se estaban emitiendo muchos permisos nuevos para armas de fuego, especialmente de marcas costosas como la Glock y Sig Sauer, cuyo costo en el mercado es de trescientos mil pesos , a pesar de la veda existente para la importación de todo tipo de armas de fuego mediante decreto número 309-06.
Luego de varios allanamientos, el MP descubrió que siete militares eran los responsables de ingresar armas de manera ilícita al país, entre ellos: Bienvenido Cordero Batista, Félix Francisco Pérez Artilez, Esteban Marrero Ruiz, Francisco Mercedes Medrano, Edwin Rafael Almonte Camacho y José Miguel Torres Rodríguez, quienes desempeñaban funciones administrativas en el material bélico, en la mayoría de los casos con más de veinte años en la institución, además de Pedro Manuel Guzmán Escarraman, propietario de una armería donde eran vendidas.
Bienvenido Cordero Batista, general de Brigada Paracaidista de la Fuerza Aérea (FARD), director general del Material Bélico del Ministerio de Defensa, era el encargado de supervisar todos los procedimientos y supuestamente apadrinarlo con su firma, mientras que Félix Francisco Pérez Artliez, teniente coronel del Ejército, encargado del depósito de las armas del Material Bélico, se ocupaba de registrar todas las armas que entraban y salían.
Esteban Marrero Ruiz, mayor del Ejército, según las investigaciones, era el enlace entre la Intendencia del Material Bélico y el Ministerio de Interior y Policía, tramitando todas las ventas de armas de fuego de las diferentes armerías, para la expedición de las licencias de porte y tenencia, mientras que Francisco Mercedes Medrano, capitán del Ejército, era el encargado del archivo y confeccionar las tarjetas y formularios de entrada de armas de fuego a la Intendencia del Material Bélico.
En tanto que Edwin Rafael Almonte Camacho, primer teniente del Ejército, asistente del director general de la Intendencia del Material Bélico, se alega era quien supervisaba al personal de trabajo, y emitía las licencias verificando antes la documentación de importación.
Así mismo, José Miguel Torres Rodríguez, primer teniente de la Policía Nacional, como encargado de las Armas de fuego de esa institución, en la Intendencia del Material Bélico, concomitantemente redactaba tarjetas de entradas a las diferentes armas.
Otro de los implicados es Pedro Manuel Guzmán Escarraman, coronel del Ejército, propietario de Armería Inversiones Heptágono, entidad comercial que se encargó de introducir al mercado todas las armas que se encontraban en los formularios alterados.
El Ministerio Público le ha asignado a los hechos la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 295, 304 y 309 del Código Penal Dominicano.
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