Oscar López Reyes
Los cuerpos, objetos y dispositivos muy óptimos y virtuosos cobijan en sus entrañas, como ley del pensamiento lógico, sus bemoles. En ese prisma se entroniza, con su dualidad, la Inteligencia Artificial (IA), que parangona la filosófica tradición china del Yin (oscuridad/pasividad) y el Yang (luz/dinamismo).
Tocante a la IA, los planificadores del actual y el próximo gobierno jamás deben dejarse atrapar por el pregonado absolutismo y la saturación de un bombo que agobia. El poderío de las tecnológicas transnacionales apabulla en perspectiva del déficit de equilibrio y la subjetividad valorativa de los técnicos gubernamentales de naciones de las periferias, en la marginalidad filosófica.
El exceso de positividad y la aireada bondad coloca a la IA, inadvertidamente, en una pendiente enjabonada. Para robustecer este criterio, imperioso es estudiar la historia de la ética, fundado en las apreciaciones de filósofos de la estatura de Aristóteles (384-322 a.C), Sócrates (469-399 a.C.) y Friedrich Nietzsche (1844-1900), quienes advirtieron que la superabundancia perjudica y despoja valor, son insostenibles y procrean dependencia emocional.
Concerniente a los gobiernos y la IA, focalicemos apenas tres componentes, que voy a denominar las tres D: Deshumanización, desprotección y desplazamiento. Divisemos:
1.- Deshumanización de la administración pública.
La automatización de los servicios gubernamentales, la gestión de expedientes y la toma de decisiones administrativas mediante algoritmos inteligentes entraña riesgos para la transparencia, la equidad y la responsabilidad institucional. Derrumbaría tanto empeño y valentía por la penalidad de la conducción estatal 2020-2028.
En la República Dominicana, la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA), presentada el 12 de octubre de 2023, procura modernizar los servicios ciudadanos y transformar los modelos de trabajos productivos. Empero, delegar decisiones sensibles a sistemas automatizados, sin suficiente vigilancia humana, podría reproducir sesgos, vulnerar derechos y dificultar la identificación de los responsables de actuaciones perjudiciales.
¿Quién respondería ante una determinación o disposición algorítmica que niegue injustamente un servicio público o comprometa informaciones confidenciales?, y ¿cómo el Estado garantizaría derechos constitucionales y administrativos si estas son transferidas a la IA?
¿Debe aceptarse la sentencia de un software por encima del juicio humano? ¿Existe la presunción de la inocencia tecnológica, más cuando puede tomar decisiones devastadoras en microsegundos? En la primacía de las “cajas negras” (nadie sabe de dónde salen las informaciones de la IA), ¿quién explica y dónde se apelan los dictámenes?
El progreso tecnológico exige, terminantemente, controles éticos, auditorías independientes y mecanismos de rendición de cuentas que impidan sustituir el juicio humano por la opacidad de las máquinas.
2.- Desprotección ante el cibercrimen
El acelerado perfeccionamiento de la inteligencia artificial multiplica las posibilidades de sofisticación del fraude electrónico, la suplantación de identidades, la falsificación de voces y los ataques contra sistemas informáticos. Bancos, hospitales, instituciones públicas y empresas privadas quedan expuestos a modalidades delictivas capaces de comprometer informaciones confidenciales y perturbar servicios esenciales.
En la República Dominicana, el Decreto núm. 313-22 aprobó la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2030, orientada a fortalecer la protección del ciberespacio y la resiliencia de los sistemas digitales. La amenaza se torna más inquietante ante algoritmos que pueden facilitar engaños personalizados y acelerar determinadas operaciones maliciosas.
¿Están las instituciones y los ciudadanos suficientemente preparados para reconocer y enfrentar ataques cada vez más difíciles de detectar? La seguridad tecnológica deja de ser una cuestión exclusivamente informática para convertirse en una exigencia de protección económica, institucional y nacional.
3.- Desplazamiento educativo y laboral
La irrupción de la IA en las aulas escolares y universitarias, dependencias gubernamentales y centros productivos amenaza con profundizar las desigualdades entre quienes dominan las nuevas herramientas tecnológicas y aquellos que permanecen rezagados. Un estudio conjunto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Banco Mundial, publicado en julio de 2024, estima que entre el 26 % y el 38 % de los empleos de América Latina y el Caribe podrían verse expuestos a la inteligencia artificial generativa, mientras que entre el 2 % y el 5 % enfrentarían riesgos de automatización completa.
Estas proyecciones regionales plantean interrogantes para la República Dominicana, donde la formación docente, la actualización curricular y la capacitación de los trabajadores adquieren creciente relevancia.
El peligro no reside únicamente en la sustitución de determinadas tareas, sino también en la ampliación de la brecha entre los ciudadanos preparados para aprovechar la revolución tecnológica y quienes carecen de competencias y recursos digitales. ¿Podrán los sistemas educativos formar profesionales para ocupaciones que se transforman a una velocidad superior a la actualización de sus conocimientos?
Además de la ampliación de estas brechas, en la esfera profesional (periodistas, abogados, médicos, ingenieros, profesores, etc.) estos riesgos laborales y profesionales son conocidos como “opacidad laboral” y “atrofia cognitiva”. Dejan de pensar y actúan como robot humano. Sin trabajo, porque fueron desplazados por la IA, ¿habrá menos empleo remunerativo? ¿se reducirá el poder adquisitivo de obreros y profesionales? ¿bajará el cobro de impuestos?
A fin de cuentas y como la IA aporta y añade valor y, sin capacidad aún para testificar ante un juez, bajo la sutil persuasión está siendo impuesta por los poderes hegemónicos, la alfabetización digital, el pensamiento crítico y la reconversión laboral se encadenan como desafíos impostergables para evitar nuevas modalidades de exclusión económica y social.