Por Francisco Rojas

El concepto de desarrollo ha evolucionado desde aproximaciones centradas en el crecimiento económico, la industrialización y la modernización hacia una concepción multidimensional que incorpora bienestar, capacidades, inclusión, sostenibilidad, institucionalidad y territorio. En el contexto contemporáneo, el desarrollo puede entenderse como un proceso de transformación económica, social, territorial, ambiental e institucional orientado a mejorar de manera sostenible la calidad de vida, ampliar oportunidades y reducir desigualdades.

Este cambio conceptual modifica también el objeto de la planificación. Si el desarrollo es multidimensional, la planificación no puede limitarse a proyectar variables económicas ni a sumar planes sectoriales. Debe articular sectores, escalas territoriales, horizontes temporales, recursos e instrumentos de seguimiento. CEPAL/ILPES propone precisamente comprender la planificación para el desarrollo como un sistema cuyas funciones de prospectiva, implementación y evaluación operan simultáneamente en distintos sectores, instituciones, niveles de gobierno y plazos.

La República Dominicana ofrece un caso relevante para analizar el desafío actual de la planificación del desarrollo . El país cuenta con instrumentos formales de planificación y ha logrado avances económicos y sociales importantes. No obstante, persisten brechas estructurales y territoriales. El argumento central de este trabajo es que el desafío actual no radica principalmente en la ausencia de instrumentos, sino en la necesidad de aumentar la capacidad de esos instrumentos para orientar de manera coherente las decisiones sectoriales, presupuestarias, de inversión y territoriales.

Del crecimiento económico al desarrollo multidimensional

En la actualidad, y específicamente el caso de República Dominicana, la planificación del desarrollo enfrenta simultáneamente desafíos de productividad, inclusión, sostenibilidad, calidad institucional, transformación tecnológica y cohesión territorial. Por ello, la pregunta ya no es solamente cómo aumentar el producto, sino cómo convertir las capacidades económicas en bienestar y oportunidades distribuidas de manera más equilibrada entre personas y territorios.

La Ley 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, como marco de largo plazo constituye la visión país y organiza sus objetivos alrededor de cuatro ejes estratégicos vinculados con institucionalidad, desarrollo social, economía sostenible e integración competitiva, y sostenibilidad ambiental.

A esta planificación de largo plazo se agregan el Plan Nacional Plurianual del Sector Pública y el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública. El Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública 2025-2028 señala expresamente que los proyectos de inversión pública deben alinearse con las prioridades del Plan Nacional Plurianual del Sector Público y con la END 2030. Formalmente, por tanto, existe una cadena de articulación entre estrategia, planificación de mediano plazo e inversión.

El punto crítico es determinar en qué medida esa alineación formal se convierte en un mecanismo efectivo de priorización. Una intervención puede declarar correspondencia con un objetivo estratégico y, al mismo tiempo, haber surgido principalmente de la lógica particular de una institución. La alineación documental es necesaria, pero no equivale automáticamente a priorización estratégica.

Las sectoriales concentran competencias, conocimiento técnico, personal especializado y responsabilidad administrativa. El problema no es el carácter sectorial en sí mismo, sino la fragmentación que puede producirse cuando cada institución identifica, formula y ejecuta intervenciones sin suficiente coordinación alrededor de problemas que son multidimensionales.

CEPAL/ILPES identifica la intersectorialidad como uno de los grandes desafíos de la planificación contemporánea. Un problema como la pobreza territorial puede involucrar simultáneamente empleo, educación, salud, agua, conectividad, infraestructura y productividad. Ninguna política sectorial aislada puede abordar por sí sola toda esa cadena.

El territorio como dimensión de la planificación

Los problemas del desarrollo se materializan en territorios concretos. Una comunidad puede experimentar simultáneamente déficit de agua, deterioro vial, baja conectividad, servicios sociales insuficientes y escasas oportunidades productivas. Administrativamente, cada problema corresponde a una institución; territorialmente, todos forman parte de una misma realidad.

CEPAL/ILPES entiende el territorio como un sistema de interacciones sociales históricamente estructuradas y plantea que las políticas territoriales integrales deben abordar conjuntamente dimensiones económicas, sociales y ambientales. Para la República Dominicana, esto implica fortalecer mecanismos mediante los cuales las brechas y potencialidades territoriales influyan desde el inicio en la selección de las intervenciones.

El cambio conceptual es importante: el territorio no debería ser solamente el lugar donde finalmente se ejecuta una inversión, sino también un criterio para decidir qué inversión es prioritaria y cómo debe combinarse con otras intervenciones.

Evidencia de avances y persistencia de brechas

La evidencia disponible aconseja evitar una lectura excesivamente pesimista. La República Dominicana ha registrado mejoras importantes en diversos indicadores sociales. Por ejemplo, las estadísticas oficiales muestran que la pobreza monetaria general disminuyó de 23.0 % en 2023 a 19.0 % en 2024, mientras la pobreza extrema descendió de 3.2 % a 2.4 %. Estos avances confirman que crecimiento, empleo, políticas sociales y otras intervenciones han producido mejoras relevantes.

Sin embargo, reducción de la pobreza agregada no significa desaparición de las desigualdades estructurales. El diagnóstico de brechas estructurales elaborado por CEPAL para la República Dominicana concluye que persisten desigualdades importantes entre población urbana y rural y entre diferentes territorios, y caracteriza parte de esa desigualdad como estructural. La Oficina Nacional de Estadística mantiene series de pobreza desagregadas por macrorregiones y regiones de desarrollo, lo que evidencia la importancia de observar el promedio nacional junto con su distribución territorial.

Por tanto, la coexistencia de crecimiento económico, reducción de pobreza y brechas territoriales no constituye una contradicción. El crecimiento amplía las posibilidades de desarrollo, pero la forma en que sus beneficios se distribuyen depende de la estructura productiva, las políticas públicas, la provisión de servicios, la inversión y la capacidad institucional para atender diferencias territoriales.

De las necesidades territoriales a carteras integradas de inversión

Una planificación territorial efectiva debería traducir diagnósticos multidimensionales en carteras coordinadas de programas y proyectos. Supóngase un territorio rural con baja productividad, caminos deficientes, pérdidas postcosecha y limitado acceso a mercados. Una respuesta basada en un solo proyecto difícilmente transformaría la estructura del problema.

Una estrategia integrada podría combinar caminos rurales, riego, asistencia técnica, centros de acopio, conectividad y financiamiento productivo. El resultado esperado no sería simplemente construir infraestructura, sino aumentar productividad, acceso a mercados e ingresos. Esta lógica permite pasar del proyecto aislado al portafolio de intervenciones orientado a un resultado territorial.
En definitiva, el desafío de la República Dominicana no es crear más instrumentos, sino lograr que los existentes articulen estrategia, presupuesto, inversión, sectores y territorio. Priorizar las brechas territoriales, coordinar las instituciones y evaluar resultados permitirá convertir el crecimiento económico en bienestar, oportunidades y mayor cohesión territorial.