El MotínPor Francisco Rojas Castillo
La capacidad de un líder político para actuar como árbitro dentro de su partido depende, en gran medida, de si tiene o no intereses electorales propios. Quien aspira a convertirse en candidato difícilmente puede colocarse por encima de la competencia interna, pues pasa a ser parte interesada del proceso. Por el contrario, quien se encuentra constitucionalmente impedido de aspirar puede ejercer, al menos en principio, una función más equilibrada entre las distintas corrientes y precandidaturas.
Esta diferencia permite analizar las posiciones que ocupan Leonel Fernández en la Fuerza del Pueblo, Danilo Medina en el Partido de la Liberación Dominicana y Luis Abinader en el Partido Revolucionario Moderno ante el proceso electoral de 2028. Los tres poseen un liderazgo determinante, pero enfrentan desafíos distintos para arbitrar la competencia, mantener la unidad y asegurar la aceptación de los resultados internos.
Leonel Fernández, expresidente de la República y líder indiscutible de la Fuerza del Pueblo, reúne en su figura la conducción política de esa organización y la condición de potencial aspirante presidencial para las elecciones de 2028. Aunque todavía no ha sido formalmente seleccionado como candidato, la posibilidad de que encabece nuevamente la boleta presidencial condiciona inevitablemente su capacidad de arbitraje.
Su desafío se hace más complejo por el posicionamiento de Omar Fernández. Diversas mediciones y valoraciones públicas sugieren que el senador despierta mayor simpatía que su padre fuera de la Fuerza del Pueblo y registra menores niveles de rechazo. Dentro de la organización, sin embargo, Leonel conserva un liderazgo y un control estructural claramente superiores. Surge así una tensión entre la preferencia de la militancia y la capacidad de expansión hacia el electorado no partidario.
Fernández debe decidir cómo administrar esa realidad sin convertir la relación entre ambos liderazgos en una fuente de división. Si prioriza su propia candidatura, deberá demostrar que todavía posee mayor capacidad para construir una mayoría nacional; si facilita el ascenso de Omar, tendría que conducir una transición generacional sin debilitar su autoridad. En cualquiera de los escenarios, su condición de potencial competidor limita su imparcialidad y hace que la decisión interna permanezca estrechamente vinculada con su voluntad política. Leonel se debate entre los lazos de sangre (como padre de Omar) y su propio apego al poder.
La situación de Danilo Medina en el Partido de la Liberación Dominicana es diferente. Como expresidente impedido constitucionalmente de volver a aspirar a la Presidencia de la República, no tiene un interés electoral personal en la candidatura de 2028. Esa condición le concede mayor capacidad para ejercer como árbitro del proceso interno, promover reglas aceptables para todos los aspirantes y procurar que la selección preserve la unidad partidaria.
Esa ventaja, sin embargo, no garantiza una neutralidad indiscutida. Personas del entorno político de Medina han expresado o dejado percibir su respaldo a uno de los aspirantes, de lo cual algunos sectores podrían inferir que el propio presidente del PLD comparte esa preferencia. Aunque esta conclusión no puede darse por demostrada sin una declaración suya, la percepción resulta políticamente relevante porque puede reducir la confianza de los demás competidores en su arbitraje.
El desafío de Medina consiste, por tanto, en diferenciar las preferencias de sus colaboradores de su actuación institucional. Deberá ofrecer reglas transparentes, trato equitativo y garantías suficientes para que ninguna corriente interprete el proceso como una decisión previamente tomada. En un partido que procura recuperar competitividad, su autoridad solo será un factor de unidad si todos los aspirantes reconocen la legitimidad del procedimiento y aceptan sus resultados.
El caso del presidente Luis Abinader presenta características particulares. Desde el 6 de septiembre de 2026 reúne formalmente dos posiciones de extraordinaria relevancia: la Presidencia de la República y la presidencia del Partido Revolucionario Moderno. Esta doble condición fortalece su autoridad para conducir la organización, pero también aumenta su responsabilidad como árbitro del proceso interno que deberá escoger la candidatura presidencial para las elecciones de 2028.
Al estar constitucionalmente impedido de aspirar nuevamente a la Presidencia o a la Vicepresidencia de la República después de concluir su segundo mandato, Abinader no será competidor directo en la contienda interna. Esta circunstancia, al igual que ocurre con Danilo Medina en el PLD, le concede una mayor capacidad para colocarse por encima de las aspiraciones particulares y garantizar un proceso ordenado, democrático y equilibrado.
Sin embargo, la situación de Abinader es más compleja que la de Danilo Medina. El presidente del PLD dirige una organización opositora y no ejerce funciones públicas; Abinader, en cambio, encabeza simultáneamente el Estado, el Gobierno y el partido oficialista. En consecuencia, dispone de una influencia política, institucional y administrativa considerablemente mayor sobre los dirigentes, funcionarios y estructuras territoriales del PRM.
Su capacidad de arbitraje también estará condicionada por la composición de la nueva dirección partidaria. El secretario general, Juan Garrigó Mejía, es hijo de la aspirante Carolina Mejía; mientras que a la secretaria de Organización, Gloria Reyes, se le atribuye cercanía con David Collado, y a Luis Delgado figura central del área electoral, con Wellington Arnaud. Más que demostrar subordinaciones automáticas, estas relaciones alimentan la percepción de que importantes espacios orgánicos podrían estar asociados con distintos proyectos presidenciales.
El desafío de Abinader será convertir esa diversidad en equilibrio institucional y no en una disputa por el control del aparato partidario. Deberá asegurar que la Secretaría General, Organización y las instancias electorales actúen con imparcialidad verificable; establecer reglas claras; separar los recursos gubernamentales del proselitismo, y evitar que sus decisiones sean interpretadas como señales de favoritismo. Su autoridad será útil si garantiza la competencia, pero divisiva si se percibe como un mecanismo para imponer un heredero.
Los tres casos muestran que liderazgo y arbitraje no son conceptos equivalentes. Leonel Fernández debe conciliar su aspiración potencial con la mayor aceptación externa y el menor rechazo atribuidos a Omar. Danilo Medina debe impedir que las preferencias de su entorno sean interpretadas como una decisión propia. Luis Abinader, sin posibilidad de presentarse en 2028, debe arbitrar una organización cuyas principales estructuras reflejan cercanías reales o percibidas con diferentes aspirantes.
La dificultad común consiste en preservar la confianza. No basta con afirmar neutralidad: cada líder debe crear condiciones que permitan comprobarla. Esto exige procedimientos conocidos, autoridades internas creíbles, igualdad de oportunidades y límites claros frente al uso de posiciones partidarias o gubernamentales.
El desenlace de 2028 dependerá no solo de quién sea escogido, sino de cómo se produzca la selección. Leonel será evaluado por su capacidad para resolver una eventual transición generacional; Danilo, por mantener unido al PLD sin inclinar anticipadamente la balanza; y Abinader, por conducir una sucesión competitiva sin imponer un heredero. En los tres partidos, la legitimidad del método será tan importante como la fortaleza electoral del candidato.
*El autor es economista, Master de Formación Permanente en Dirección y Gestión de Proyectos
