El MotínLa Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Proedemaren) retuvo una camioneta a una empresa de seguridad privada que obstruía la vía de acceso a la playa de Cabeza de Toro, Punta Cana.
Durante un operativo de inspección realizado el pasado jueves a la franja marina, con la participación de técnicos del
Ministerio de Medio Ambiente y del Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa), la Proedemaren retuvo la camioneta marca Toyota, placa OC04161, a la empresa de seguridad privada SPPG SRL.
La compañía de seguridad, que tenía la placa oficial correspondiente a la Autoridad Portuaria Dominicana, alegó que actuaba por mandato de las empresas Yupa CxA y Paraíso Tropical S.A.
Tanto la compañía de seguridad como las dos empresas fueron notificados para que se presenten a la sede del Proedemaren para el miércoles de esta semana, a través del abogado Juan A. Ortega Ozuna, quien se presentó al lugar y se identificó como representante legal de las tres empresas.
El equipo de inspección, encabezado por el procurador de corte Franci
sco Contreras, titular de la Proedemaren, se presentó al lugar atendiendo denuncias realizadas por la Coalición Ambiental del Este, Macorís Verde y comunitarios de Cabeza de Toro, Punta Cana.
Las organizaciones ambientales y comunitarias pidieron el concurso de las autoridades bajo el entendido de que las citadas empresas cerraron el acceso a las playas públicas y bloquearon un camino carretero de más de un siglo de existencia que comunica Cabeza de Toro con la zona del Aeropuerto de Punta Cana, bordeando las playas y propiedades del litoral.
Durante la inspección, el titular de la Proedemaren estuvo acompañado por autoridades regionales del Senpa y contó con la colaboración de técnicos de la Academia de Ciencias de República Dominicana y la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
Los técnicos del Senpa y Medio Ambiente habían hecho una primera inspección en la zona.
Los trabajos forman parte de las actividades encaminadas a través de las mesas de coordinación interinstitucionales de la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Medio Ambiente y el Senpa para luchar contra los delitos que afectan los recursos naturales.
Las mesas interinstitucionales cuentan con el apoyo de la Academia de Ciencias, la Comisión Ambiental de la UASD y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (Isoproma).
