El MotínAzua, una provincia sin autoridades que la defiendan
Ángela Rossó
La muerte de un ciudadano el viernes, luego de ser baleado junto a otras dos personas el jueves durante una protesta por la invasión de terrenos en el Distrito Municipal de Villarpando, es una tragedia que no solo se pudo evitar con el accionar simple de las autoridades competentes.
Y es otro elemento de abuso absoluto que se agrega a la cadena de ilegalidad y atropellos que ha sufrido ese pueblo desde el arribo de la compañía Natural World Corporation (NEWC).
La muerte de Barbino Cuevas Valdez de 51 años, y las heridas de gravedad causadas a dos personas más, por parte de un coronel de la Policía Nacional que se encontraba en el lugar en calidad de protector de los intereses de la empresa, no de la población, ha aumentado la conmoción del pueblo, militarizado desde hace varias semanas por parte de la Gobernación provincial de Azua.
El motivo de la protesta del jueves obedeció a la detención de dirigentes comunitarios posterior a una reunión con la gobernadora provincial, Grey Pérez Díaz. Pese a que la comunidad no tiene pruebas de que fue la gobernadora quien ordenó el apresamiento de los líderes por represalia, lo cierto es que durante la reunión los representantes de la comunidad rechazaron la propuesta de la funcionaria a favor de la empresa NWEC.
Se ha cuestionado el hecho de que moradores inconformes hayan prendido fuego a una retroexcavadora de la empresa NWEC que se encontraba realizando trabajos en los terrenos en cuestión, pero cabe preguntarse, ¿cómo puede comportarse un pueblo ante semejante abuso?, peor aún cuando ninguna autoridad gubernativa ha intervenido a favor de sus derechos.
Si es cierto que no se trata de una expropiación de tierras como ha asegurado la empresa NWEC, ¿Cuál es el objetivo de presentarle al pueblo un título de propiedad que acredita a una persona como patrona del Distrito completo?
Los villarpanderos necesitan saber, ¿Cómo terminaron siendo la propiedad privada de un grupo hace 51 año, cuando el pueblo existe hace más de 300? Si existe autoridad en República Dominicana, esa es una respuesta que el pueblo merece.
El atropello de los derechos de los villarpanderos como propietario de sus tierras inició cuando el presidente de la compañía, Natural Wolrd Corporation (NEWC), compró la mensura de la comunidad con los lugareños incluidos, la cual lo acredita como el “señor feudal” de toda la comarca.
El empresario no solo ignoró la autonomía de la comunidad y se agenció un permiso ilegal de uso de suelo por parte del municipio cabecera de Las Yayas de Viajamas para su proyecto de construcción de un parque fotovoltaico, sino que además se confabuló con el director municipal de entonces, pactando acuerdos que eran de competencia de toda la comunidad, no de un síndico de turno. Desde entonces el distrito municipal se encuentra en un estado de estrés permanente.
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