RedacciónLos familiares de las víctimas de los sicarios del Pedro Brand y de la corrupción en el sistema de justicia dominicano, denunciaron este miércoles que la presentación precipitada de la acusación contra los co-imputados Awilda Reyes Beltré y Francisco Arias Valera, constituye una trama para festinar ese proceso.
Las víctimas, querellantes y actores civiles, por intermedio de sus abogados constituidos y apoderados, David Ruiz Jiménez, Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, Manuel Soto Lara y Cirilo Quiñones, en representación de las víctimas indicaron que la acusación presentada “al vapor” sin haberse hecho las diligencias procesales de rigor, fue con el propósito deliberado de cerrar la fase de investigación de ese proceso para dejar fuera al exprocurador de la República, Radhamés Jiménez Peña, a Mariano Germán Mejía, presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), y a un hijo de éste, así como para favorecer a otros de los principales responsables de sobornar y dar órdenes de prevaricación a los jueces.
Dijeron no explicarse por qué, pese a ellos haberse querellado en contra de Radhamés Jiménez Peña, el Ministerio Público no lo investigó ni presentó acusación en su contra.
También dijeron no explicarse el por qué no fueron presentados como testigos en la acusación los miembros de Participación Ciudadana, que hicieron importantes denuncias públicas sobre el caso.
Las víctimas concibieron como sospechoso que en la investigación de ese proceso no se hayan hecho los análisis de inteligencia electrónica para establecer los vínculos de los imputados con los demás miembros de esa estructura jurídico-criminal, que como dijera el juez especial de la instrucción, magistrado Ramón Horario González, “…ha minado las bases mismas del sistema de justicia…”
Se recuerda que varios choferes organizados en entidades choferiles afiliadas a la Federación Nacional de Trasporte la Nueva Opción (Fenatrano), fueron ejecutados entre finales de diciembre de 2014 y mediado enero del 2015, por una banda de sicarios al servicio de Arsenio Quevedo y que dirigía Ericsson de los Santo Solís, según las acusaciones presentadas por el Ministerio Público.
De los Santos Solís fue favorecido con una sentencia de la exjuesa Awilda Reyes Beltré, quien admitió haber recibido dinero y órdenes superiores.
Manifestaron que ese proceso, por el contrario debió declararse complejo, como ocurre en los casos de delincuencia organizada, para ampliar las investigaciones y tener tiempo de entrevistar a los jueces que han denunciado haber sido víctimas de ese cartel y aportarlos como testigos al proceso.
Familiares de choferes asesinados y víctimas de sentencias por prevaricación, concusión y cohecho por parte de miembros del sistema de justicia en contubernio con particulares, expresaron, mediante sus abogados, que es la primera vez en la historia del sistema de justicia que en un caso de delincuencia organizada como éste, la acusación es presentada en tiempo record, de menos un mes.
Agregar comentario