Amaurys FlorenzánEl presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE) remitió ayer miércoles a los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, Reinaldo Pared Pérez y Radhamés Camacho, respetivamente, el anteproyecto de ley que buscaría modificar la Ley número 29-11, Orgánica del Tribunal Superior Electoral, a los fines de que sea ponderado y conocido por ambos hemiciclos.
El anteproyecto busca la creación de las salas contenciosas de las juntas electorales del Distrito Nacional y los municipios cabeceras de provincias con categorías de tribunales electorales de primer grado.
Según el contenido del anteproyecto, la iniciativa obedece a la necesidad de que República Dominicana cuente con un sistema de justicia electoral integral, tal y como ha sido concebido por el constituyente en el 2010.
“De manera que en las instituciones que forman la base de este sistema de juntas electorales, se produzca la separación de funciones que ya tuvo lugar en las instituciones que están en la cúspide de nuestro sistema, como el Tribunal Superior Electoral y la Junta Central Electoral”, destaca el anteproyecto del TSE.
En tal sentido, se argumenta que dicho sistema garantizará con ello el derecho al juez natural, a la separación de funciones y a la tecnificación de los encargados de juzgar y decidir los diferendos en matera contenciosa electoral, como base esencial para evitar que aquellas personas encargadas de administrar el proceso electoral no sean las mismas que resuelvan los conflictos que del mismo puedan surgir.
El anteproyecto precisa que en definitiva, de lo que se trata es de evitar que quien administra el proceso electoral no sea el mismo que juzgue los reclamos que se susciten con ocasión del mismo.
En ese sentido, el anteproyecto contempla, como lo indica su título, la creación de una sala contenciosa en las juntas electorales del Distrito Nacional, en los municipios cabeceras de cada provincia, así como en los municipios Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste, es decir, una 34 salas en total.
Explica que las 34 salas tendrían la categoría de tribunales de primer grado en materia electoral, tal y como lo contempla el artículo 15 de la Ley número 29- 11 Orgánica del Tribunal Superior Electoral y, por ende, conocerían de todos los asuntos contenciosos electorales surgidos con motivo de la celebración de las elecciones en los municipios que integran la provincia donde funciona cada sala.
Apunta que dichas salas contenciosas estarían integradas por tres jueces titulares y dos jueces suplentes, designados por el Tribunal Superior Electoral a través de un concurso público que será reglamentado por el TSE y donde se especificará la posibilidad de que ciudadanos, la sociedad civil y los partidos políticos, en un plazo razonable, puedan hacer objeciones y reparos a los postulantes.
Asimismo, las funciones de estos jueces durarían cuatro años y con salarios pagaderos únicamente desde el mes de junio del año preelectoral y hasta el mes de agosto del año electoral, siendo el resto del período de designación a título honorífico
