RedacciónEl Tribunal constitucional (TC) ordenó al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales entregar las informaciones sobre el derrame de petróleo del viaducto de la compañía minera Falcondo, establecida en Quita Sueño de Haina, San Cristóbal.
Mediante la sentencia TCc/0511/18 de fecha 3 de diciembre del 2018, el Tribunal Constitucional favoreció la solicitud hecha por el abogado Euren Cuevas Medina al Ministerio de Medio Ambiente, que alegó que la entrega de la información perjudicaría a Falcondo.
Cuevas Medina, no obstante, anunció que el próximo miércoles a las 10:00 de la mañana, se presentará al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales con los afectados del derrame de petróleo, moradores del barrio Valle Encantado de Quita Sueño de Haina, para exigir la entrega inmediata de los tres informes que ordena el Tribunal Constitucional.
Mediante una nota de prensa, Cuevas Medina precisó que el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (Insaproma) estará acompañando a los afectados en este proceso que tiene casi dos años estancado en la Procuraduría Especializada de Medio Ambiente de San Cristóbal.
El referido tribunal ordenó que en un plazo no mayor de 15 días se entregara copia certificada del informe ambiental sobre el derrame de combustible, que contenga el impacto al agua, aire, suelo, personas y la biodiversidad.
También, un informe de mantenimiento del viaducto de Falcondo que está provocando el derrame de combustible, además de cada qué tiempo debe la empresa le da mantenimiento y qué tiempo tenía que no lo daba.
La decisión se origina a raíz de la información que solicitó el abogado ambientalista Euren Cuevas Medina al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien a través del Insaproma, representa más de 40 familias que fueron afectadas por el derrame de petróleo e interpusieron una querella, y para sustentar la misma, solicitaron indagación a dicho ministerio y este la negó.
Cuevas Medina dijo que solicitó la información tres veces y se la negaron, y que la última vez se la requirió directamente a Francisco Domínguez Brito, entonces ministro de Medio Ambiente, mediante un recurso jerárquico, y también la negó.
