RedacciónLa Confederación Nacional de la Unidad Sindical (CNUS), la Central Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD) y la Confederación de Trabajadores Unitaria (CTU) denunciaron hoy un incremento de más de un 30 % en el precio de los medicamentos, lo que lacera, afirmaron, a los de menores ingresos.
En un comunicado, el presidente de CNUS, Rafael (Pepe) Abreu calificó como abusivo el aumento de estos medicamentos que atribuyó a la especulación, por lo que pidió a las autoridades ejercer más controles en ese mercado.
Señaló que esta situación “hace inalcanzable los medicamentos para pacientes con enfermedades catastróficas, quienes no disponen de los medios económicos para adquirirlos, lo que atenta contra la salud de la población”, de acuerdo con el comunicado.
Consideró esa práctica también como abusiva e ilegal y atribuyó la acción a una red de médicos que, a su juicio, “estarían actuando en contubernio con fabricantes, quienes tienen en el mercado varias marcas de costos elevados”.
“Esos médicos que estarían actuando en componendas con propietarios de laboratorios están recetando a los pacientes las marcas más costosas para ampliar sus márgenes de beneficios”, dijo.
Abreu informó de que la CNUS presentará un proyecto de ley al Congreso Nacional para que sea modificada la ley 87-01 sobre Seguridad Social y con el tema de los medicamentos, “a fin de erradicar la práctica de aumentar frecuentemente los precios de los fármacos, regular el sector farmacéutico y aplicar sanciones a quienes incurren en ese ilícito”.
Por su lado, el presidente de la CNTD, Jacobo Ramos, denunció que adicionalmente al aumento, se estarían comercializando medicamentos adulterados, lo que consideró como una práctica criminal, debido a que atenta contra la salud del paciente.
Ramos, al igual que Abreu, considera que en el país hay una estructura integrada por agrupaciones médicas que recetan un catálogo de fármacos “manejados a su antojo y sin criterio profesional”.
Mientras que el secretario general de la CTU, Francisco Ramírez, exigió a las autoridades “frenar esa práctica ilegal que va en detrimento de las clases más desposeídas, como lo es el sector laboral”.
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