Seguridad Social, una ley despiadada

Por Dr. Víctor Garrido Peralta

Se nos ha solicitado el emitir nuestra valoración a la aplicación de la ley de Seguridad Social (87-01), hoy en estudio de modificación en la comisión bicameral del Congreso Nacional. Permítanme unos minutos para compartirles nuestro llano parecer al respecto.

En pocas palabras, la creo inhumana y un perjuicio patrimonial al soberano pueblo dominicano, mediante engaño y con ánimos de lucrar a una ínfima minoría nacional, el gran capital, quienes perciben MILLONES DE SANGRE en beneficios anuales.

Las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) obtuvieron en 2017 beneficios que ascendieron a los RD$1,853.5 millones, en el 2018 percibieron RD$1,871.6 millones, llegando a ganar en el año de pandemia, 2020, la suma de RD$3,167 MILLONES DE SANGRE. Esto ocurre mientras a los ciudadanos se nos cobra copago hasta en los hospitales públicos, nos niegan servicios y prestaciones y a los profesionales de la salud y centros sanitarios se les reparte miseria. A la vez, todos aportamos para que congresistas y funcionarios estatales ostenten seguros médicos, incluso internacionales, que le cubren todo.

El colmo ha sido que la legalización de la estafa que representa la ley 87-01 llega al extremo de obligar al trabajador formal a escoger una ARS, quien de preferir o necesitar una mayor cobertura, debe abonar más por un plan complementario. Aún así, cuando el médico le indica una intervención, se ve obligado a solicitar aprobación de la ARS, la que frecuentemente responderá: su póliza no le cubre ese procedimiento, esa es una enfermedad “catastrófica”, no cubrimos el instrumental de esa cirugía, su prima no incluye esos medicamentos, no pagamos reembolso por visita a médicos independientes, terminando en la mayoría de los casos con algo que sufragar.

Lo mismo ocurre con el sistema de pensiones, gestionado por las Administradoras del Fondo de Pensiones (AFP), que mientras reparten migajas a los jubilados, también les priva del seguro médico que tenían justo en el momento que más lo van a necesitar; una cobertura de sanidad que pagó y poco utilizó mientras se encontraba inmerso en la vida productiva, entre tanto, congresistas y funcionarios públicos reciben compensaciones de lujo y un plan de salud con todo incluido.

Una de las desvergonzadas situaciones legalizadas para estafar a la colectividad ciudadana, es que el descuento que le hacen de su salario para dar a la AFP, en un 80% ha sido prestado a la administración pública, a quienes les cobra rédito por dichos préstamos, ¿sabe quién costea esa utilidad? Sí, usted, el propietario del capital, ya que todos aportamos a las autoridades vía los impuestos los recursos para que estas sufraguen los intereses a las AFP. Es decir, el dueño de los cuartos me los da a mí para que yo se los preste al Estado y al mismo tiempo también paga al gobierno para que me entregue a mí dicha ganancia, las que no incrementan significativamente sus ahorros, pero a mí me representan MILLONES DE SANGRE en beneficios.

En síntesis, lo existente debe ser deshecho, ya que la ley 87-01 ha sido creada a la medida de  los propietarios de las ARS y AFP para legalizar su estafa al pueblo dominicano, permitiendo que unos pocos obtengan los más altos beneficios mientras la mayoría de los ciudadanos continuamos padeciendo dolor y muerte. Esos intermediarios —ARS, AFP— controlan la salud, la calidad de vida y del retiro laboral de todos nosotros sin invertir en formación académica, ni en estructuras hospitalarias o de laboratorios, teniendo un riesgo de inversión de RD$0.00.

De ahí que llamamos a los ciudadanos a integrarnos a lo que tiene que ser el gran combate por un servicio médico de estándares internacionales, requiriendo que el 5% del PIB sea para la sanidad pública, con cobertura médica que cubra TODO y a TODOS,’ y para el establecimiento de pensiones dignas que nos permitan preservar la calidad de vida que teníamos antes de nuestra jubilación, en lugar de ser convertidos en mendigos, obligados a pedir por favor lo que por derecho nos corresponde.

En conclusión, cualquier proyecto de ley que emane del actual Congreso Nacional sin establecer claramente lo antes expuesto, no es más que una réplica del cachivache de “Seguridad Social” que hoy existe, a la que hasta nuestros huesos se continuarán enfrentando mientras no sea transformada.

Despierta pueblo, ¡despierta!