RedacciónEl patólogo Sergio Sarita Valdez criticó este domingo que no se ofrezcan públicamente los resultados de las autopsias que realiza el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de casos que crean muchas dudas en la población, como la muerte de un vigilante privado en Santiago de los Caballeros cuando estaba esposado y bajo custodia de la Policía.
Advirtió que en ese y otros casos lo que se persigue es condicionar a la opinión pública para favorecer un veredicto, lo que finalmente va en desmedro de la credibilidad de quienes hacen ese tipo de investigaciones.
Agregó que se pretende supeditar a esa opinión pública para que entienda que la cosa va a ser de tal manera, sin tomar en cuenta que la mayoría de los dominicanos no son tontos para que, antes de que se realice una investigación, se diga que un persona murió en tales circunstancias.
En nota de prensa enviada por el periodista Héctor Herrera Cabral, el especialista dijo que en el caso específico de la muerte del vigilante de Vimenca Antonio Polonia Bueno, las causas de su fallecimiento pueden ser encontradas en el vehículo en que era conducido en calidad de detenido por agentes de la Policía Nacional.
Cuestionó que en casos como ese, y el del tiroteo entre agentes policiales y uno de los integrantes de la banda que asaltó la sucursal del Banco Popular Dominicano, la institución del orden público se erija como juez y parte en las investigaciones.
«Entonces cuando se produce una muerte bajo custodia policial, ahí es que se necesita que no sea la misma Policía la que haga el peritaje, y ahí es que hay que reforzar la autoridad de quién es que está legalmente investido para hacer la investigación de un crimen, que de acuerdo a la ley es el Ministerio Público», sentenció el facultativo.
Sarita, por otra parte, lamentó que pacientes con enfermedades terminales, principalmente con cáncer, abandonen el tratamiento porque ni ellos, ni sus familiares tienen los recursos para costearlos.
El patólogo explicó que esa situación se ha agudizado con la privatización de los servicios médicos en un país como la República Dominicana, con una amplia franja de gente pobres y desempleadas.
Dijo que la situación llega tan lejos que el personal del servicio de emergencia 911 cuando llega a recoger un paciente, lo primero que preguntan es si cuenta con seguro médico y a qué aseguradora pertenece para saber dónde lo van a llevar.
Recordó que originalmente ese servicio se concibió para que cuando se buscara una persona que presentaba una emergencia de salud, se recogiera y llevara al centro asistencial más cercano; «pues ahora se indaga primero qué seguro tiene para saber dónde lo van a llevar».
Aseguró que el gran problema es que ahora con la privatización de los servicios, «a usted le detectan una enfermedad catastrófica como el cáncer, entonces cuando se llama a la ARS para saber la cobertura, la respuesta que recibe es que el seguro que tiene no le cubre ese tipo de padecimiento».
Recordó que el tratamiento del cáncer conlleva a buscar recursos ascendentes a centenares de miles de pesos para el primer ciclo, y muchas veces se requieren seis ciclos, y el que no tiene para darse el primero, no puede aplicarse los otros, y se ve en la obligación de abandonarlo con las consecuencias fatales que eso implica.
Lamentó que todavía el Estado no tenga la capacidad para darle la cobertura que debería garantizarse a través de la aseguradora estatal, porque este es un país pobre y eso es muy costoso.
Explicó que no solamente el tratamiento del cáncer es bastante costoso y difícil de costear para una persona de clase media y media baja, sino que también hasta los estudios para diagnosticarlos se tornan inalcanzable para ese paciente.
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