RedacciónEl ex presidente de la Junta Central Electoral –JCE-, Roberto Rosario Márquez, elevó este lunes una instancia por ante la Procuraduría General de la República y se puso a disposición del Ministerio Público para que le investigue en torno al contrato de los escáneres que se utilizaron en las pasada elecciones.
Roberto Rosario explicó que haciendo uso del artículo 265 del Código de Procedimiento Penal eleva la instancia por ante el Ministerio Público, solicitando a la Procuraduría general de la República una profunda investigación en torno al caso.
Rosario Márquez dice que a pesar del largo tiempo transcurrido, el caso de los escáneres aparece hoy en la opinión pública de manera sorpresiva.
“Aunque ha transcurrido un tiempo oportuno para que se analizaran las circunstancias que se dieron y se han cerrado todos los plazos el tema aparece ahora en la opinión pública de manera sorpresiva”, expresó Roberto Rosario.
El ex presidente de la JCE agregó que todo el que ejerce una función pública debe estar preparado para el cuestionamiento el público, aunque dijo estar seguro que todo lo relacionado con los escáneres se hizo de forma correcta.
En unas breves declaraciones de tres minutos y 25 segundos dadas en exclusivas para el periódico PROCESO. COM. DO y E N Televisión, que transmite a través de los canales 17 y 1017 de Claro, 33 y 438 de TRICOM, Roberto Rosario sostuvo que está en la mejor disposición de ser investigado por el caso de los escáneres que se usaron el proceso electoral del 2016, y que fueron suministrado a la JCE por la empresa española Indra Sistemas, a un costo cercano a los 40 millones de dólares.
“Hemos acudido a la Procuraduría General de la República a través de nuestro personal y depositado una instancia mediante la cual le solicitamos al procurador general Jean Alain Rodríguez que inicie una investigación lo más profunda y exhaustiva posible para que se determine la veracidad o no de las denuncias que se hacen sobre el caso”, manifestó Rosario Márquez.
El ex presidente de la JCE indicó que si luego de la investigación el Procurador General de la República entiende que se deben aplicar sanciones penales que proceda en consecuencia.
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