RedacciónLa Comisión de Investigaciones (CI), del Bloque Dominicano para los Derechos Humanos (BDDH), reveló este viernes que un empresario socio de una de las dos compañías beneficiadas con contratos sin licitación por el Ayuntamiento de San Cristóbal, habría sido extorsionado con RD$4 millones por un funcionario de ese alcaldía.
Según BDDH, presuntamente se quedó con RD$500 mil y supuestamente repartió 3 millones 500 mil entre regidores para que la noche del 31 de diciembre del 2016 la Sala Capitular aprobara los contratos de extensión para recogida de desechos sólidos a la Constructora IMa y para el manejo de un relleno sanitario a la empresa Construcciones y Pavimentos EMV.
En ese sentido, la investigación del CI-BDDH ha determinado que los regidores de los partidos Reformista Social Cristiano (PRSC), y Revolucionario Moderno (PRM), se negaron a recibir RD$100 mil como soborno para que votaran a favor de extender los indicados contratos sin licitación.
«La extorsión al socio de una de esas empresas inició con cinco millones pero este se reunió con un legislador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y al no poder evadir la extorsión de ese funcionario del ayuntamiento se transó por los cuatro millones de pesos por la premura en la aprobación del contrato que beneficiaba a su empresa», explicó la entidad de derechos humanos.
El BDDH consideró necesario y urgente que la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) y otras entidades realicen su investigación y la presenten por ante las autoridades del Ministerio Público. «Aunque a la fiscal de San Cristóbal, Diomerys Soto, al parecer no le interesa este caso no podemos darnos por vencidos ya que no solo es la cuestión de la extensión de esos contratos sin licitación sino que en el fondo tenemos a un Ayuntamiento favoreciendo compañías de dirigentes políticos para beneficiarlos económicamente», dijo.
La entidad explicó que la fiscalía de San Cristóbal está obligada a iniciar una investigación interrogando al Alcalde y a sus asesores, al presidente de la Sala Capitular, a los regidores y a los dueños de las empresas Constructura IMA y Construcciones y Pavimentos EMV. «Es difícil que muchas personas puedan sostener varias mentiras por mucho tiempo y por eso confiamos que con esos interrogatorios, más otras investigaciones, el Ministerio Público encontrará elementos suficientes para instrumentar expedientes por violación a distintas leyes, entre las que castigan el soborno, la extorsión y la corrupción en perjuicio del Estado dominicano», aseguró el BDDH.
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