Magistrado Milton Ray Guevara, presidente del TC

Ray Guevara afirma Constitución obliga a proteger la seguridad social de trabajadores y envejecientes

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Milton Ray Guevara sostuvo que la reforma de 2010 significó el avance más importante de la seguridad social a nivel constitucional, al reconocerla como un derecho fundamental que obliga el este sistema a dar cobertura de protección ante enfermedad, discapacidad, desocupación y vejez.

Afirmó que la jurisprudencia del TC ha constituido un valioso aporte para la consolidación de la constitucionalización de la seguridad social, a la que consideró como pieza angular de toda buena gobernanza e importante indicador de calidad de la democracia.

Ray Guevara emitió estas declaraciones como parte del discurso de apertura del III Seminario Iberoamericano sobre la Constitucionalización de la Seguridad Social, que se desarrolla este lunes 13 y martes 14 en la ciudad, con el auspicio del alto tribunal y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS).

El magistrado presidente manifestó que la constitucionalización de la seguridad social es un proceso de transformación del ordenamiento jurídico en el que la justicia constitucional juega un papel estelar; consolidado, a su vez, con la creación de los tribunales constitucionales.

En este acto inaugural, el magistrado presidente entregó una placa a la OISS en su 65 aniversario y por sus aportes a la seguridad y protección social a beneficio de la Comunidad Iberoamericana de Países.

Al recibir la placa de reconocimiento, la doctora Gina Riaño Barón, secretaria general de la OISS, expresó su agradecimiento por la distinción y destacó la figura del magistrado Ray Guevara como un referente en América Latina por su compromiso con la seguridad social y los derechos sociales.

En este acto inaugural estuvieron presentes el embajador dominicano ante el Reino de España, Olivo Rodríguez Huertas; el ministro de Trabajo, Winston Santos; y Pedro Luís Castellanos, superintendente de Salud y Riesgos Laborales, entre otras personalidades del sector.

La ponencia inaugural del seminario fue pronunciada por el magistrado Domingo Antonio Gil, juez del TC, quien expuso sobre “Constitucionalización de la seguridad social en República Dominicana”. En su análisis sobre el fenómeno de la Seguridad Social opinó que los sistemas más firmes descansan en el sistema de reparto orientados a la solidaridad y que por lo tanto éste se debe imponer al sistema de capitalización.

Magistrados y máximos representantes de la seguridad social dirigieron el programa de ponencias dedicadas a analizar la perspectiva de la judicatura y la de la administración del sector de la seguridad social. Participaron hoy Fernando Castillo, presidente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica; Antonio Lizarazo Ocampo, magistrado de la Corte Constitucional de Colombia; el magistrado Martín Laclau, de la Cámara Federal de Seguridad Social de Argentina, Adriane Bramante Castro, presidenta del Instituto Brasileño de Derecho Previsional; y del país, José Rafael Pérez Modesto, gerente general del Consejo Nacional de Seguridad Social.

Mañana continúa la jornada con la participación de Nélsida Marmolejos; el superintendente de Pensiones, Ramón Contreras; y el superintendente de Salud y Riesgos Laborales, Pedro Luis Castellanos, quienes disertarán sobre la perspectiva de la seguridad social desde sus instituciones.

También expondrá el presidente de la Asociación Dominicana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, Martín Bretón Rafael, sobre “La experiencia de la constitucionalización de la seguridad social en Iberoamérica”, y el ministro de Trabajo de la República Dominicana, Winston Santos Ureña, quien estará a cargo de la clausura.

El III Seminario Iberoamericano Constitucionalización de la Seguridad Social, dirigido a magistrados, funcionarios judiciales, responsables de la gestión de la seguridad social, investigadores y profesores, se realiza con la colaboración de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril).

Redacción