RedacciónEl procurador general de la República, Jean Rodríguez, encabezó este lunes en la comunidad de Haina, el acto de destrucción de otras 800 máquinas tragamonedas que fueron incautadas por operar de manera ilegal en distintos establecimientos del país.
Al pronunciar un discurso en el marco de la actividad, Rodríguez explicó que esta es la segunda destrucción de este tipo de máquina que se realiza producto de un segundo operativo nacional contra el uso de esas máquinas en lugares no autorizados por ley, como parte del seguimiento a las labores iniciadas el 8 de julio del pasado año para combatir el uso ilegal de esos aparatos, de acuerdo a un comunicado de la Procuraduría.
Indicó que esos trabajos son realizados por el Ministerio Público con la cooperación del Ministerio de Defensa y de la Fuerza de Tarea Ciudad Tranquila (CIUTRAN) de esa institución castrense, así como de la Policía Nacional.
Destacó que con estas nuevas ochocientas máquinas, suman 1,800 las destruidas desde el pasado año, incluyendo los aparatos que fueron confiscados recientemente en un operativo que encabezó de manera personal y que abarcó distintos sectores del Gran Santo Domingo, durante el cual se confiscaron cientos de máquinas tragamonedas, armas, dinero en efectivo y documentos, además de que fue desmantelado un centro de acopio y distribución ilegal de esas máquinas, que operaba en la avenida 27 de Febrero casi esquina Privada.
“Con esta nueva acción con la cual buscamos erradicar el uso ilegal de las máquinas tragamonedas, seguimos cumpliendo la promesa hecha a la ciudadanía durante los encuentros comunitarios, donde nos manifestaron su preocupación por la proliferación de estos aparatos y el daño que les estaban ocasionando a las comunidades, provocando deserción escolar, afectando la economía familiar y muchas veces generando situaciones de violencia en los hogares”, expuso.
Dijo que desde la realización del gran operativo nacional en el mes de julio del pasado año, instruyó a las fiscalías implementar un plan de prevención y seguimiento a las acciones ejecutadas contra las máquinas tragamonedas, el cual se desarrolla a través de las fiscalías de los diferentes departamentos judiciales del país.
El jefe del Ministerio Público recordó que la operación de estos aparatos en colmados, drinks y billares, entre otros establecimientos, constituye una violación a la Ley No. 29-06, que regula la instalación de las máquinas tragamonedas, las cuales solo están autorizadas para casinos y las bancas de apuestas deportivas siempre y cuando no estén ubicadas en secciones o parajes, al igual que aquellas que se encuentren a menos de 500 metros de la entrada de escuelas públicas, hospitales e iglesias donde son posibles reuniones de menores en torno a esas actividades de grupo.
Tras advertir que se mantienen firme en sus propósitos de erradicar esta actividad ilegal, que afecta principalmente el sano desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, adelantó que continuarán realizando operativos sorpresa en todo el país.
El 8 de julio del pasado año se hizo el primer operativo nacional que movilizó unos 4,000 servidores públicos, incluyendo más de 1,000 fiscales, 1,500 militares, 500 policías y 1,000 auxiliares, quienes visitaron más de 2,500 locales, incautando 1,000 máquinas tragamonedas y cajones, así como más de 5.3 millones de pesos.
Destacó en ese orden, que la política implementada desde el despacho del procurador desde esa fecha, ha sido seguir realizando estos operativos a nivel nacional para retirar los que operen ilegalmente y evitar la instalación de nuevos aparatos, producto de lo cual hoy se realiza esta segunda destrucción de máquinas tragamonedas.
En torno a los procesos judiciales que lleva el Ministerio Público por estos casos, recordó que recientemente les fueron impuestos tres meses de prisión preventiva en la Penitenciaría Nacional de La Victoria, como medida de coerción, al imputado Felipe Santiago Toribio, quien fue arrestado en dicho centro de acopio junto a José Andrés Pérez, Theany Franco Sánchez y Héctor Villar Valdez a quienes también les fueron impuestas medidas de coerción consistentes en presentación periódica y el pago de una garantía económica de RD$100,000.00.
