El procurador antilavado de activos, Germán Daniel Miranda Villalona, dijo este jueves que en el caso de Pascual Cordero ( El Chino), se mantiene la firmeza y la dureza de la acusación sobre la red que encabezaba junto a varios ecuatorianos, que se ventila en los tribunales del municipio de Higüey, provincia la Altagracia.
Señaló que El Chino tiene tres meses de prisión como medida de coerción, lo que deberá cumplir pese al fallo de un tribunal en el Distrito Nacional que le concede prisión domiciliaria.
Germán Villalona indicó que El Chino no merece tener una prisión domiciliaria, porque se burló de la administración de justicia por más de dos años, mediante complicidad de todo tipo, tanto civil como militar, algo que se está investigando ahora. Aseguró que él no va para su casa, mientras no cumpla en Higüey.
Criticó el camino que llevan las revisiones a las medidas de coerción impuestas a personas que no comenten delitos comunes: «Mis preocupaciones son las mismas expresadas por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, en su discurso del 7 de enero, donde reflexionó sobre las debilidades que está mostrando en el sistema de justicia dominicano.
Dijo que la propia cúpula de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), está entendiendo que el crimen común no es igual al organizado, por lo que las figuras procesales no pueden ser asumidas por los jueces de Primera Instancias con la misma visión.
Explicó Germán Villalona que un narcotraficante, un lavador de activos y hasta un terrorista, pueden demostrar fácilmente su arraigo y decir que tiene domicilio, empresas y otros bienes, elementos con los cuales pueden engatusar al juez y mandarlo para su casa.
Acotó que el criterio del arraigo del peligro de fuga y otros que se valoran en la medida de coerción, tiene que verse con otra visión dentro del crimen organizado, ya que son otras debilidades que se están demostrando. “Eso de prisión domiciliaria y otras medidas que se están tomando debilitan la normativa procesar penal dominicana, ya que varias decisiones de prisión domiciliaria no están mostrando el presupuesto ni las condiciones de carácter humano», sostuvo.
Para Miranda Villalona una medida de coerción de prisión domiciliaria debe otorgársele a una madre de tantas que hay presas, padres de familias, porque se robaron un televisor u otro objeto y no a una persona que ha envenenados jóvenes con el negocio ilícito de las drogas.
Destacó que las medidas de coerción de prisión domiciliaria están beneficiando a personas con altos niveles de criminalidad, por lo que recomendó que ese tema sea tratado en la Cumbre de la Justicia.
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