El Partido Revolucionario Moderno (PRM), cuyo presidente y secretario general figuran entre los imputados por los sobornos pagados por Odebrecht en el país, acusó este domingo al procurador general, Jean Alain Rodríguez, de persecución selectiva en este caso.
En su primera reacción oficial tras la acusación formal presentada por el Ministerio Público en contra de los procesados por este caso, el PRM señaló que con la exclusión «de los principales» beneficiados de los sobornos el Gobierno «busca evitar que trascienda toda la verdad del caso para mantener un régimen de impunidad que beneficia a la alta dirigencia de ese partido».
El PRM se refirió a la exclusión del destituido ministro de Industria y Comercio Temístocles Montás, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), quien admitió en junio de 2017, tras ser detenido por este caso, que recibió fondos para campañas electorales de varios empresarios, entre ellos Ángel Rondón, acusado de distribuir el dinero que Odebrecht pagó en coimas en el país.
Montás, quien estaba en libertad condicional al igual que el resto de los imputados, señaló en aquella ocasión que los aportes fueron hechos en 2008, 2012 y 2016 y utilizados, en su totalidad, en favor del PLD, pero que «en ninguno de esos casos» se le dijo que se tratara de aportes de la empresa brasileña «ni mucho menos que se esperaba contrapartida alguna».
Además de Montás fueron dejados fuera del expediente el diputado opositor Alfredo Pacheco, el senador oficialista Julio César Valentín, los exdirectores de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, César Sánchez y Radhamés Segura; el exdiputado Rudy González, así como Bernardo Castellanos y Máximo De Óleo, quienes guardaban distintas medidas de coerción.
El procurador general dijo el pasado jueves que la decisión de excluir a ese grupo se debió a que no se habían encontrado evidencias suficientes, mientras que sí tenían pruebas de soborno, enriquecimiento ilícito y lavado de activos contra 7 dominicanos, dos de ellos expresidentes del Senado.
Los encartados que serán sometidos a la justicia son el senador oficialista Tommy Galán, el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa; el expresidente del Senado y presidente del PRM, Andrés Bautista, el exsenador Roberto Rodríguez, el abogado Conrado Pittaluga, y el empresario Ángel Rondón, señalado como la persona que recibió y distribuyó los sobornos.
Asimismo, anunció la inclusión en el caso del expresidente del Senado y actual secretario general del PRM Jesús Vásquez.
A través de un comunicado, el PRM denunció: «La selectividad en el sometimiento de dirigentes del PRM con el propósito de dañar la imagen de su principal opositor», así como el hecho de que fueran excluidos de la acusación «los funcionarios relacionados en el mayor número de obras» construidas por Odebrecht en el país.
Asimismo, criticó que la investigación dejara fuera la central termoeléctrica Punta Catalina, que construye en la provincia de Peravia un consorcio encabezado por la empresa brasileña.
«Estos hechos evidencian que el mayor interés de los gobiernos peledeistas es garantizar la impunidad de sus miembros y allegados por los actos de corrupción cometidos, y al mismo tiempo perseguir y tratar de destruir a sus principales opositores», señaló el PRM.
Por último, señaló: «se acoge al principio constitucional de presunción de inocencia que beneficia a los compañeros imputados Andrés Bautista, Jesús Vásquez y Roberto Rodríguez, al mismo tiempo que hace pública su confianza en la trayectoria de honestidad que han mostrado en sus vidas».
Afirmó que se mantendrá «vigilante» para que a sus miembros «se les respete el debido proceso de ley y sus prerrogativas y garantías constitucionales.
Odebrehct admitió haber pagado en el país 92 millones de dólares para obtener contratos de obras públicas entre 2001 y 2014.
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