RedacciónEl presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, manifestó este martes que ha dispuesto un levantamiento estadístico ante la aplicación futura de la resolución que contempla auxiliar a niños y adolescentes que previamente hayan sido declarados en abandono por un tribunal, y que carecen de apellidos, que no tienen padres conocidos y por lo tanto no tienen filiación.
Ante las críticas a la medida, la institución vía comunicado, indicó que nunca ha sido intención de la JCE violar la ley, ya que se ha fundado en “El Principio del Interés Superior del Niño”.
Para argumentar su decisión, invitó a reflexionar sobre los textos de tratados internacionales vigentes, que justifican una interpretación más benigna de los textos legales a favor de infantes que en situación de vulnerabilidad extrema no tienen ninguna posibilidad por el constatado abandono, previamente declarado por los tribunales, de sus padres biológicos para procurarse una identidad.
“Sin apellidos nunca tendrán una cédula que los identifique, por lo tanto no tienen oportunidad de casarse, trabajar, beneficiarse de la Seguridad Social, estudiar, cambiar un cheque, etc., en una palabra: están excluidos de la condición de ser una persona”, argumentó Castaños.
Destacó que estos casos podrían ser resueltos eventualmente por los tribunales a través de una adopción o porque una persona les autorice a usar su apellido.
“No menos cierto es que, ya declarados en abandono, eso no siempre ocurre y, la realidad es que al momento de tomar la Resolución No. 03-2017, precedentemente mencionada, por un trabajo de campo realizado por la institución teníamos 261 casos de niños y niñas, así como de jóvenes adolescentes abandonados que ya habían salido de los orfanatos, y sus actas de nacimiento solo hacían fe de su nombre de pila sin padres conocidos y sin apellidos, lo que hace imposible en esas circunstancias la expedición de una cédula de identidad operante”, explicó.
Subrayó la JCE que lo antes dicho no es un obstáculo ante los señalamientos de personas de buena fe, que es el caso, no esté dispuesta a examinar sus actos y aceptar todas las sugerencias para resolver esta realidad, y de llegar a la conclusión de que lo decidido ya, precise de algún ajuste hacer lo que sea correcto conforme a la Constitución y las leyes vigentes.
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