El MotínEl ex ministro de la Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, es de opinión que la reciente Resolución MAP 018031, del Ministerio de Administración Pública, que obliga a los servidores del Gobierno presentar sus facturas de servicios básicos (agua y energía eléctrica) debe ser anulada por ser contraria a las relaciones humanas y al ordenamiento normativo de la administración pública.
En un artículo publicado en Vanguardia del Pueblo, Ventura Camejo sostiene que dicha resolución desconoce principios elementales de gestión y disposiciones constitucionales como el artículo 142 que establece El Estatuto de la Función Pública.
“El Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable; su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos” explica el ex Ministro de Administración Pública.
En su escrito el experto en el tema de la función pública recomienda a las autoridades actuales revisar el Capítulo De Las Prohibiciones del Artículo 80 de la Ley de Función Pública 41-08 y también repasar La Ley número 107-13 sobre los derechos de las personas en sus relaciones con la administración y de procedimiento administrativo.
Advierte que la señalada resolución tramitada mediante circular “ignora La Carta Iberoamericana de la Función Pública y otras disposiciones del CLAD Y del ICAP”.
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