El MotínDurante el taller “Preguntas y Respuestas sobre el Acuerdo de Escazú” celebrado este domingo en los salones del ayuntamiento del municipio Santo Domingo Este, el diputado al Parlacen, Carlos Sánchez, exhortó a las autoridades unirse a la lucha contra el cambio climático desde los gobiernos locales implementando para ello programas de trabajo ajustados a sus capacidades y funciones territoriales establecidas en la ley 176-07.
Para el parlamentario, los gobiernos locales están en condiciones de realizar acciones de mitigación al cambio climático en el momento en el que se encuentran promoviendo prácticas eficientes de transportes y movilidad urbana, así como modificando la forma de procesamiento de los residuos sólidos urbanos para evitar el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero.
También expresó, que los ayuntamientos pueden promover medidas de adaptación al cambio climático fomentando la construcción de obras más seguras procesando para ello los residuos plásticos que se recuperan de la recogida de basura con los que se puede fabricar bloques para la construcción de viviendas seguras, así como contribuir junto al Gobierno Central en la restauración de paisajes urbanos y el levantamiento de bosques y huertos comunitarios en sus diferentes modalidades.
“En el caso particular del ayuntamiento Santo Domingo Este, que es uno de los tres municipios más grandes del pai, que procesa diariamente cerca de 150 toneladas de residuos sólidos urbanos, a un costo superior de 380 millones de pesos mensuales, la construcción de una biorrefinería podría ser la diferencia para la solución de la basura y un aporte considerable a la reducción de gases de efecto invernadero como son el dióxido de carbono y el metano”, precisó Sánchez.
El también doctor en medicina, recordó que los ayuntamientos del país cuentan con las Unidades de Gestión Ambiental (UGAM), que deben ser fortalecidas como paso previo para impulsar políticas municipales que beneficien la municipalidad.
Sobre el tratado de Escazú el taller revisó las diferentes formas en las que el municipio puede colaborar para su ratificación en el país y su posterior puesta en marcha, precisando que será necesario organizar la población de los barrios en unidades de base que puedan asumir la demanda para convertirlas en actores participantes con facultad para otorgar permisos sociales en la implementación de obras que impacten el medio ambiente.
El tratado de Escazú en la República Dominicana se encuentra depositado desde el mes de septiembre de 2020 en la Suprema Corte de Justicia para opinión, pero aún ese poder del Estado no ha emitido respuesta a pesar de las numerosas peticiones que han realizado los grupos ambientalistas para que sea enviado con el visto bueno a la cámara legislativa.
El encuentro que contó con la participación entusiasta de la vicealcaldesa Ángela Henríquez, la licenciada Olga Haché, encargada de la dirección de asuntos sociales de la alcaldía, de la profesora Julia Drullard, gobernadora de la provincia de Santo Domingo, licenciada Ángela Tejeda, directora del departamento de Desarrollo Comunitario del ayuntamiento, de Darío García y del comunicador social Yúnior Espinosa.
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