RedacciónEl presidente de la Pastoral Cristiana de Derechos Humanos (Pacridehum), reverendo Ángel Salvador Sánchez, consideró que las observaciones hechas por el Poder Ejecutivo a la Ley del Código Penal son inconstitucionales.
Llamó a los sectores conscientes de la sociedad dominicana a luchar por la defensa de la vida y contra la imposición de intereses foráneos para traer al país la “industria de la muerte”.
“Sobre la despenalización del aborto en los casos de embarazos por violación, incesto y deformaciones congénitas, estamos en total desacuerdo, consideramos que a pesar de los traumas sufridos por las embarazadas y los familiares de éstas, los mismos pueden superarse con apoyo médico, sicológico, social y espiritual, por lo cual debe preservarse la vida de estas criaturas, que no son culpables de venir al mundo bajo esas condiciones y penalizar a los que resulten culpables de violar la dignidad y la integridad física de las mujeres”, expresó Sánchez.
Señaló que en caso de que las Familias de tales Niños(as) no tengan la disposición de criarlos, bien podrían entregarlos a Personas interesadas en Adoptarlos, que puedan darle un desarrollo integral.
Opinó que frente a las posiciones encontradas de líderes religiosos y grupos sociales sobre el tema del aborto, consideramos necesario por tanto, presentar a la consideración del Presidente Danilo Medina, del Congreso y la Sociedad, una propuesta de posible solución al tema en cuestión, la cual consiste primero: en que solo se apruebe salvar la vida de la madre cuando indudablemente y científicamente esté en peligro, después de haber agotado los médicos todos los recursos y esfuerzos necesarios por salvar de igual manera la vida del feto.
Sugirió al Presidente Danilo Medina reconsiderar las observaciones que hizo a la Ley del Código Penal, que han despertado en la sociedad una lucha posiciones a favor y en contra de este, aunque una gran parte de la población dominicana está en contra del aborto.
Expresó que en la defensa a la vida desde la concepción establecida en el artículo 37 de la Constitución de la República se ha polarizado, y en la penalización a todo tipo de aborto, se encuentran el Liderazgo de la Iglesia Católica, el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue) y gente del pueblo.
Mientras que por la otra parte, están la organizaciones feministas y organizaciones de la sociedad civil que defienden con intensidad el aborto de un embarazo por violación, incesto o por deformaciones congénitas del feto, en la mayoría de los casos obedeciendo a intereses económicos foráneos.
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