RedacciónSanto Domingo.-Un conjunto de organizaciones políticas, académicas, profesionales, laborales y sociales solicitaron hoy al Gobierno y al Consejo Económico y Social (CES), incluir a los representantes sociales en las mesas de trabajo en las que se discute la firma de un Pacto Nacional de Reforma del Sector Eléctrico y que se tomen en cuenta propuestas que beneficien a los sectores mas carenciados.
Además de su inclusión en esos debates, las organizaciones también reclaman la rebaja “inmediata”, sin ninguna discusión, de un 30 por ciento de la tarifa eléctrica, en consonancia con la rebaja significativa del precio del barril de petróleo en los mercados internacionales, que actualmente ronda los 40 dólares y de igual que se lleve a esas discusiones del Pacto Eléctrico, ordenar que vas distribuidoras eléctricas Edesur, Edeeste y Edenorte, acrediten a sus clientes unos 30 millones de pesos por concepto de fianzas depositadas.
El vocero de esos grupos, Fernando Peña, expresó que han elaborado un documento público, que llevaran al presidente del CES en el transcurso de esta semana, para manifestar su interés de aportar sus conocimientos y experiencias, en procura de defender el patrimonio nacional y los intereses de todos los clientes regulados del sistema electro que pagan “religiosamente” ese precario y deficiente servicio, el que entiende hay que mejorar, evaluando transparentizando los contratos con todos los generadores eléctricos.
“Hemos tomado esta iniciativa, en nombre y representación del sentimiento democrático del pueblo dominicano, porque nos sentimos consternados por el atropello que han sido víctimas las organizaciones sociales, que hemos sido marginados de es as mesas de trabajo en las que discute ese pacto, lo que refleja el desprecio por derechos adquiridos y niega la participación inclusiva, al tiempo que violenta la Constitución de la República”, indicó Peña.
Sostiene que suprimir el derecho de plena participación de esas organizaciones y otras entidades de la sociedad civil, luego de cumplir con lo indicado por el Comité Técnico de Apoyo (CTA) y de registrarse en las distintas mesas de trabajo, tal y como afirman lo establece el Decreto 389-14, “pone en serio peligro las posibilidades de construir un verdadero consenso que garantice los intereses del pueblo”
El documento de 9 puntos o propuestas, dirigido a monseñor Agripino Núñez Collado, presidente de CES, lo firman representante de 18 organizaciones sociales, entre ellas el Observatorio Dominicano de Políticas Públicas de la UASD, Fundación Grupo Energía y Medio Ambiente (GEMA), Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica (CODUE), Fundación Justicia y Transparencia (FJT), las centrales obreras CNTD y CNUS, Fundación de los Derechos del Consumidor, Centro Juan XXIII, Foro Ciudadano, Instituto de Desarrollo y Servicios Sociales, Fundación Dominicana 2030, Articulación Nacional Campesina, Confederación Nacional de Mujeres Campesinas, Colegio Dominicano de Economistas y la Fundación Nacional de Cooperativas Eléctricas, entre otras.
Esas nueve propuestas redactadas y consensuadas por GEMA, para la discusión del pacto son:
1-Que la mesa que coordina el Marco Institucional y Regulatorio que acoja en todas sus partes todo lo establecido en la Ley 125-01
2-Que la mesa que coordina los trabajos de Distribución Eléctrica, que permita la integración del observatorio se la UASD así como la representación de SITRACODE, de la ADIE, uno de las distribuidora y otro de los usuarios o consumidores del servicio eléctrico.
3-Que la mesa de generación hidroeléctrica, ordene que, por razones de seguridad nacional, esas empresas queden en manos del Estado
4-Que la empresa de transmisión permanezca en poder del Estado, a los fines de evitar conflictos entre esta y los generadores, lo que provoca continuas tensiones que a menudo exponen al país a un colapso del sistema eléctrico.
5-Determinar mediante que mecanismo se transfieren a las empresas distribuidoras los activos de líneas de 34,5 Kv y cuantos transformadores de ese tipo de voltajes propiedad de la empresa de transmisión, a formar parte de esas empresas distribuidoras.
6-Proponen que la mesa que coordina los trabajos de distribución, que el tema de la distribución eléctrica, esto es, que las Edes, permanezcan en poder del Estado y que las redes eléctricas que alienta los barrios más carenciados, sean regenteadas y construidas por Empresas Cooperativistas con los fondos acumulados de la inobservancia de la Ley 125-01 en su artículo 93.
7-Proponen que la mesa que coordina los trabajos tarifarios y financieros, que el Estado siga siendo el regulador de la tarifa eléctrica.
8-Respaldar que la CDEEE continúe los trabajos y construcción de las dos plantas a carbón que se construyen en Punta Catalina, Bani y que una vez construidas, que las mismas sean, por ley del Congreso Nacional, propiedad del Estado dominicano y no del sector privado como han sugerido dirigentes empresariales.
9-Respaldar que el Estado cumpla los compromisos contractuales con las empresas generadoras, pero que los pagos se realicen mediante auditorias en la que se reflejen los costos y la potencia energética inyectada
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