RedacciónSanto Domingo.-El miembro titular de la Junta Central Electora (JCE), Eddy Olivares, pidió al Senado de la República que lo excluya de cualquier propuesta que tenga por objeto su elección nuevamente como miembro del órgano para el período 2016-2020.
En una carta enviada al presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, dijo: “Tengo a bien comunicarle mi decisión irrevocable de no optar por continuar formando parte de la Junta Cuentral Electoral”.
En su extensa misiva, que contiene reflexiones y motivaciones de su decisión, refirió además: “No puedo dejar de destacar como una muestra de falta de institucionalidad política su declaración del día 10 de mayo del 2016, cinco días antes de las elecciones, en la que, en su calidad secretario general del Partido de la Liberación Dominicana y senador por el Distrito Nacional, hizo pública la promesa de ratificarnos en nuestros cargos, a los miembros titulares de la (JCE), en caso de que, tal y como aconteció, su partido ganara las elecciones”.
Olivares comunica su decisión en momentos en que el Senado se apresta a elegir los nuevos miembros titulares de la JCE.
A continuación la carta íntegra de Olivares:
Santo Domingo de Guzmán, D.N.
30 de agosto de 2016
Sr.
DR. REYNALDO PARED PÉREZ
Presidente del Senado de la República,
Su Despacho.-
Distinguido Presidente:
Ante el hecho de que el pasado 16 de agosto concluyó el período constitucional, excepcionalmente de seis años, para el que fui elegido en el año 2010 como Miembro Titular, tengo a bien comunicarle mi decisión irrevocable de no optar por continuar formando parte de la Junta Central Electoral.
La presente misiva, como se podrá apreciar en lo sucesivo, contiene una serie de reflexiones relacionadas con el funcionamiento de este órgano supremo electoral, del cual me marcho tal y como llegué hace 10 años: defendiendo las causas que creo justas.
En ese sentido, con la convicción de que los funcionarios públicos tienen como su principal misión la de servirle, por igual, a todos los hombre y las mujeres que conforman la nación, procuré que nuestra institución respetara los derechos de todas las personas, en especial las más débiles, como aporte a la construcción de un verdadero Estado de Derecho.
Sin embargo, el innegable déficit de institucionalidad que afecta la calidad de nuestra democracia, constituye un valladar para la armonización del funcionamiento de las instituciones públicas con el Estado de Derecho.
En ese contexto es que instituciones como la nuestra, abusando de su autonomía e independencia administrativa, toman decisiones arbitrarias que, muchas veces, llegan al extremo de cambiar, en sentido negativo, el curso normal de las vidas de muchas personas y de poner en dificultad al Estado.
La distorsión del servicio público es otra consecuencia de la falta de institucionalidad en la administración, la cual se expresa en el abandono las funciones esenciales, por parte de algunas instituciones, para convertirse en agencias recaudadoras voraces
que imponen administrativamente tarifas, indiscriminadas, que los usuarios pobres no pueden pagar.
Consciente de lo antes expresado, cada vez que nuestra institución se desvió del curso institucional y tomó el camino de la dictadura administrativa, levanté mi voz para reclamar el retorno a la institucionalidad.
La degradación de la institucionalidad política es también alarmante, como lo demuestra el hecho de que seis años después de la proclamación de la Reforma Constitucional del 2010 y habiéndose celebrado dos certámenes electorales, por conveniencia coyuntural de quienes tienen el control pleno del Poder Legislativo, no se ha modificado la Ley Orgánica Electoral para concordarla con la Constitución Política.
Debería mover a preocupación, igualmente, el hecho de que desde el 26 de enero del 2010, consciente e interesadamente, no se le ha dado cumplimiento el párrafo IV del Art. 12 de la Carta Sustantiva que establece que: “La Junta Cen
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