RedacciónEl secretario de Transporte del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Mario Díaz, denunció que la Procuraduría General de la República (PGR), ha utilizado desde el año 2017 hasta la fecha, la totalidad de los recursos provenientes de las multas de tránsito, establecidos en la Ley 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana.
Díaz argumentó que la utilización de los fondos se ha realizado en franco desacato al artículo 298 de la Ley 63-17, el cual establece que solo el 75 % de los recursos recaudados por el pago de las multas de tránsito, pertenecen a la PGR y que el restante 25 % será utilizado en beneficio del sector transporte a través del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).
Dijo que por tal razón, el sector del transporte que dirige reclama la correcta distribución de dichos recursos por parte de la Procuraduría General de la República.
Díaz señaló, además que el artículo 360 de la Ley 63-17, establece la derogación de la Ley 12-07 del 24 de enero del año 2007, que en su artículo número 3, creó un fondo especial para la aplicación y desarrollo del Nuevo Modelo Penitenciario, a cargo de la Procuraduría, para administrar todas las cobranzas obtenidas de las multas recaudadas por la indicada institución, a través de la aplicación de esa ley.
Díaz citó que la Procuraduría respondiendo a una solicitud de la Compañía Nacional de Chóferes y Trabajadores del Transporte Social Cristianos (Conachottransc), sobre el uso de los fondos estableció textualmente que:
«Los fondos indicados en el artículo 298 de la Ley de Movilidad y Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, número 63-17, del 21 de febrero de 2017, son destinados para sufragar los gastos del Sistema Penitenciario Dominicano, específicamente para dar mantenimiento a los centros penitenciarios y ejecutar mejoras continuas de las condiciones de dichos centros”.
También, para desarrollar nuevos centros penitenciarios en todo el territorio nacional, los cuales deben cumplir con las características y condiciones que prevé las Reglas Nelson Mandela, aplicados al Nuevo Modelo Penitenciario: “Todo esto con el objetivo de proteger y garantizar los derechos inherentes a los seres humanos recluidos, conforme se establece en la Ley sobre precios de multas, número 12-07, del 24 de enero del 2007».
El dirigente sindical reformista destacó que los recursos utilizados por la Procuraduría ascienden a miles de millones pesos, según las estadísticas de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesettt), amparada en una ley anterior, que fue derogada por el artículo 360 de la Ley 63-17 del 21 de febrero del 2017.
