RedacciónMarcha Verde solicitó este domingo al Congreso Nacional la destitución inmediata de los actuales integrantes de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD), por considerar que la auto asignación de un aumento de sueldo por parte de los funcionarios viola la Constitución de la República, Ley 105/13 sobre Regulación Salarial del Estado dominicano.
El colectivo también restó legitimidad a un órgano fiscalizador que debe ser ejemplo para todas las instituciones del Estado y de la sociedad.
Según el colectivo, ni el Poder Legislativo ni la ciudadanía pueden permitir que los miembros de la Cámara de Cuentas violen la Constitución y la Ley de Salarios impunemente y se asignen cuantiosos aumentos de sueldos justo después de declarar que la entidad no cuenta con fondos para realizar auditorías a instituciones afectadas por grandes casos de corrupción.
En ese sentido, Marcha Verde recordó que los miembros de la CCRD argumentaron que no podían realizar las auditorías técnico – financieras a las obras de infraestructura desarrolladas por la multinacional brasileña Norberto – Odebrecht, por falta de recursos.
“Nos sorprende que la Cámara de Cuenta tenga una iniciativa en este momento para aumentar el salario de sus directivos, cuando su presidente, Hugo Álvarez Pérez, hace menos de cinco meses declaró que no podía investigar las obras de Odebrecht por falta de recursos», sostuvo la entidad de la sociedad civil.
El movimiento señaló que al parecer los miembros de la CCRD estaba guardando los recursos para el beneficio particular de la directiva, al margen de la ley y del más mínimo respeto a la ciudadanía que está exigiendo el Fin de la Impunidad”, destacó el movimiento en un documento emitido este domingo.
De acuerdo a Marcha Verde, el aumento salarial es violatorio al artículo 140 de la Constitución, donde se indica que los incremento de las remuneraciones de las instituciones públicas o entidades autónomas solo pueden hacerse para el período posterior al que fueron electos o designados los funcionarios activos.
Además, agregó que, el artículo 12 numeral 5 de la Ley 105/13 sobre Regulación Salarial del Estado dominicano estipula un tope salarial de hasta RD$350 mil.
El movimiento social entiende necesaria y urgente la presión social sobre las instancias del Estado que tienen un papel de regulación tan clave como la Cámara de Cuentas para ampliar y profundizar los niveles de transparencia y reducir los espacios donde la impunidad ha ganado un lugar en complicidad de la corrupción y la delincuencia política.
Marcha Verde se expresó en estos términos en el marco de su tercer encuentro Verde, donde definió su plan de acción para los próximos seis meses. En dicha actividad participaron representantes de las asambleas verdes de todas las regiones del país, así como delegaciones del movimiento en la diáspora.
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