RedacciónRepresentantes del colectivo dominicano Marcha Verde, que surgió luego de que la firma brasileña Odebrecht revelara que pagó sobornos por 92 millones de dólares en el país, siguieron concentrados este sábado por segundo día frente a la sede de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para exigir justicia.
Marcha Verde instaló ayer frente a la SCJ el denominado «Campamento de resistencia», un día después de que el procurador general del país, Jean Alain Rodríguez, anunciara la exclusión de ocho de los catorce imputados inicialmente por este caso.
María Teresa Cabrera, una de las portavoces del colectivo, justificó la instalación del citado campamento «porque la burla y la provocación del procurador general y de su jefe (el presidente del país, Danilo Medina) convoca a la resistencia».
En un video publicado en las redes sociales de Marcha Verde, Cabrera llamó a los dominicanos a unirse a esta iniciativa en rechazo a la corrupción y la impunidad en la República Dominicana.
Este viernes, en una rueda de prensa, este movimiento señaló que el expediente definitivo del caso presentado la noche del jueves por el procurador general «es una burla inaceptable» a la ciudadanía y «la consagración definitiva» de la administración de Medina, y del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) «como un gobierno y un partido delincuentes».
También calificó de «inaceptable» que se excluyera del expediente al destituido ministro de Industria y Comercio Temístocles Montás, miembro del comité político del PLD, quien admitió en junio de 2017, tras ser detenido por este caso, que recibió fondos para campañas electorales de varios empresarios, entre ellos Ángel Rondón, acusado de distribuir el dinero que Odebrecht pagó en coimas en el país.
Montás, quien estaba en libertad condicional al igual que el resto de los imputados, señaló en aquella ocasión que los aportes fueron hechos en 2008, 2012 y 2016 y utilizados, en su totalidad, en favor del PLD, pero que «en ninguno de esos casos» se le dijo que se tratara de aportes de la empresa brasileña «ni mucho menos que se esperaba contrapartida alguna».
Además de Montás fueron dejados fuera del expediente el diputado opositor Alfredo Pacheco, el senador oficialista Julio César Valentín, los exdirectores de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales César Sánchez y Radhamés Segura; el exdiputado Rudy González, así como Bernardo Castellanos y Máximo De Óleo, sobre quienes pesaban distintas medidas de coerción.
El procurador dijo que la decisión de excluir a ese grupo se debió a que no se habían encontrado evidencias suficientes, mientras que sí tenían pruebas de soborno, enriquecimiento ilícito y lavado de activos contra 7 dominicanos, dos de ellos expresidentes del Senado.
Los dominicanos que serán sometidos a la justicia son el senador oficialista Tommy Galán, el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa; el expresidente del Senado y presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM, principal de la oposición) Andrés Bautista, el exsenador Roberto Rodríguez, el abogado Conrado Pittaluga, y el empresario Ángel Rondón, señalado como la persona que recibió y distribuyó los sobornos.
Asimismo, anunció la inclusión en el caso del expresidente del Senado y actual secretario general del PRM Jesús Vásquez.
La constructora brasileña asegura que pagó 92 millones de dólares en sobornos en el país entre 2001 y 2014 a cambio de contratos de obras públicas.
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