RedacciónLa Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), sostuvo que el proyecto de ley que busca regular el acceso a ríos, lagos y playas es contradictorio al ordenamiento jurídico vigente y lejos de proponer una normativa realista adecuada al contexto geográfico del país, su aprobación creará confusión y un limbo jurídico, por lo que es lesivo al desarrollo del país.
La entidad que agrupa a las principales entidades turísticas explica que no se opone a que exista una ley que regule la gestión y acceso de los particulares a las playas y costas, manifestó su disposición a colaborar, ya que debe ser una normativa realista y coherente con la estructura jurídica existente.
Indicó que la ley debe promover el desarrollo y asumir las actuales condiciones geográficas de las costas, ríos y lagos.
Mediante una pota, Asonahores reveló que el proyecto en estudio, en el caso relacionado a las playas, señala que “son un patrimonio de la sociedad, vital para la existencia del turismo que es una actividad de valor estratégico, por lo que su uso y cuidado debe considerarse un asunto de alto interés nacional, y por lo tanto las normativas deben ser cuidadosamente diseñada considerando la necesidad de preservarlas y previendo consecuencias negativas al interés nacional”.
Apunta que el proyecto choca con los artículos 15, 40, 51, 74 y 110 de la Constitución, contradice el Código Civil y desconoce lo que establece la Ley de Registro Inmobiliario, sobre la “servidumbre”, que es la obligación de una propiedad a dar acceso a otra vecina y en este caso a la costa, ríos y lagos.
El proyecto también contradice los planes de ordenamiento territorial y sectorial ya emitidos, los decretos de aprobación de uso de la franja marítima, y carece de especificaciones técnicas que ofrezcan soluciones claras y aplicables a problemas como el uso indiscriminado y no regulado de embarcaciones, la contaminación y el desorden generalizado que afecta los referidos lugares de esparcimiento públicos.
Asonahores refiere que las definiciones que asume el proyecto contradicen otras contenidas en la Constitución y el ordenamiento vigente, situación que podría generar confusiones y conflictos de interpretación, porque son conceptos muy generales que no cumplen el cometido de precisar lo que intentan definir.
La propuesta refiere en sus consideraciones leyes derogadas y no asume otras que están efectivas, y cita los casos de la Ley sobre Fomento y Desarrollo Turístico y la Ley sobre Dominio de Aguas Terrestres, por lo que deja de lado y choca con las responsabilidades regulatorias que corresponden a los Ministerios de Turismo y de Medio Ambiente, a los Ayuntamientos y las Comandancias de Puertos, entre otros.
La entidad advierte que los procedimientos contemplados no son precisos, y el proyecto no toma en cuenta que para la permanencia y respeto a los derechos adquiridos, al debido proceso y a la seguridad jurídica, como cuestión general deben mantenerse los roles asignados a cada uno de los estamentos estatales y no crear nuevas burocracias.
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