Diputados de diferentes bancadas rechazaron este viernes que a los gobernadores provinciales se les otorgue recursos del Presupuesto General del Estado, ya que estos son representantes directos del Poder Ejecutivo en las diferentes demarcaciones a las que representan.
Alegan que los gobernadores están llamados a identificar problemáticas y gestionar su solución, no a manejar presupuesto, como ocurre en otros países que sí administran recursos pero estos son elegidos por el voto popular.
“No estamos de acuerdo con que los gobernadores manejen presupuesto independiente”, deplora el vocero de los diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Ronald Sanchez.
De su lado, el vocero de los diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gustavo Sánchez, también rechazó la petición de los representantes del presidente de la República en las provincia.
El legislador peledeista indicó que los gobernadores pretenden convertirse en sindicato, al tiempo que les recordó que los mismos no tienen atribuciones constitucionales para ejecutar nada que no sea tramitar y facilitar al Poder Ejecutivo.
“No le veo ningún sentido, pienso que ellos han errado en sus pretensiones… los gobernadores son figuras políticas, más que ejecutivas velan por el bienestar de sus demarcaciones, pero no tienen competencia de administración de servicios”, aseguró Gustavo Sánchez.
Otro que también se sumó al rechazo de las pretensiones de los gobernadores fue el diputado del PRM Amado Díaz, quien precisó que estos reciben recursos por medio del Poder Ejecutivo. Por tanto, es al Gobierno Central que deben elevar su demanda.
“Ellos son los representantes del Gobierno y por vía de consecuencias se supone que el mismo Gobierno debe asignarles los fondos que ellos requieren para la realización de las obras que la comunidad les solicita”, argumentó el legislador opositor.
La reacción de los congresistas se produjo a propósitos de que la mañana de este viernes un grupo de Gobernadores acudió al Ministerio de Administración Pública (MAP) en procura de que se les asigne partidas presupuestaria para la realización de obras en las provincias que representan.