
Jaime Bruno
Mucho antes de existir las tarjetas plásticas, los códigos QR o las bases de datos, los Estados ya necesitaban saber quién eras.
En el Imperio Romano, cada ciudadano debía inscribirse en los censos. No era un simple registro demográfico: determinaba impuestos, obligaciones militares y posición social. Quien no estaba registrado no era libre; era invisible para la ley.
En el Egipto faraónico, los escribas anotaban a los habitantes para garantizar tributos y trabajos obligatorios en obras públicas.
La identidad no servía para proteger al individuo, sino para garantizar que el poder pudiera encontrarlo.
En la China imperial existían registros familiares obligatorios: cada hogar respondía colectivamente por la conducta de sus miembros. El Estado no solo sabía quién eras, sabía con quién vivías.
Desde sus orígenes, el poder político entendió algo esencial:
no puede gobernarse a quien no puede identificarse.
La identificación siempre fue el primer paso del control… y solo mucho después se convirtió en el primer paso de la ciudadanía.
Por eso, cuando observamos un documento moderno de identidad, no estamos viendo un invento administrativo. Estamos viendo la forma contemporánea de un mecanismo tan antiguo como el propio Estado.
En República Dominicana ese mecanismo tiene nombre propio: la cédula.
Sin cédula no votas.
Sin cédula no trabajas formalmente.
Sin cédula no abres cuenta.
Sin cédula prácticamente no existes para el Estado.
Pero la pregunta no es qué hace la cédula por ti, la pregunta es: ¿qué hace el poder gracias a la cédula? La cédula de identidad personal nació para vigilar, no para servir, ni en una república moderna, más bien nació en una dictadura.
Su propósito original no fue garantizar derechos, sino administrar obediencia.
El Estado quería saber dónde estabas, no quién eras como ciudadano. Desde su origen, la identidad legal fue una tecnología de control, y ese detalle histórico importa:
las instituciones arrastran la lógica con la que fueron creadas y la democracia empezó cuando el poder dejó de poder duplicarte. Durante décadas el país celebró elecciones, pero no tenía certeza electoral. No porque faltaran votos… sino porque sobraban votantes.
La verdadera democracia dominicana no comenzó el día que se permitieron elecciones,
sino el día en que el sistema impidió votar dos veces. La cédula moderna hizo algo más importante que organizar comicios: limitó la capacidad del poder de fabricar mayorías. Fue la primera vez que la tecnología protegió al ciudadano del político.
Luego vino el mercado, después ocurrió algo silencioso y el Estado dejó de ser el único interesado en tu identidad. El banco también quiso conocerte, la empresa también, el crédito también. La cédula pasó de herramienta política a llave económica, y ahí cambió la sociedad:
ya no eras quien decía tu comunidad, sino quien decía tu número.
La reputación fue sustituida por la verificación. Ahora viene lo realmente serio al entrar en la era digital, pronto la cédula no será un documento, será un sistema.
Servirá para todo: pagar, firmar, acceder, validar, registrar.
Y con eso el poder sabrá no solo quién eres, sino cómo vives.
Aquí aparece el dilema moderno:
La misma herramienta que simplifica la vida puede centralizar el control. La pregunta ya no es si el Estado puede identificarte, eso lo hace desde 1932. La pregunta es si podrá perfilarte, y esa decisión no es tecnológica, es política.
La historia dominicana demuestra algo: cada avance en identidad ha cambiado la relación entre ciudadano y poder. Primero permitió vigilarte, luego protegió tu voto y ahora organizará tu vida digital.
La cédula nunca ha sido neutral, solo ha cambiado de dueño: del régimen, al elector, al sistema. La cédula de identidad personal no es un simple documento, es el contrato silencioso entre libertad y autoridad, y cada nueva versión decide quién tiene más poder, el Estado sobre el ciudadano o el ciudadano sobre el Estado. La tecnología no lo determinará, la política sí.