RedacciónEl juez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) Francisco Ortega Polanco iniciará el viernes venidero las audiencias contra siete políticos y empresarios acusados de recibir los sobornos millonarios que la constructora brasileña Odebrecht confesó pagó en el país entre 2001 y 2014.
La decisión de Ortega, dada a conocer hoy por el Supremo, se produce cinco días después de que este organismo rechazara las recusaciones que varios de los imputados interpusieron contra el magistrado.
El grupo de imputados lo conforman el senador oficialista Tommy Galán; los expresidentes del Senado Andrés Bautista García y Jesús Martínez Vásquez; el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa; el exsenador Roberto Rodríguez; el abogado Conrado Pittaluga y el empresario Ángel Rondón, a quien se acusa de distribuir los sobornos.
El Ministerio Público los acusa de soborno, prevaricación, falsedad, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Bautista, Pittaluga y Rondón fueron quienes objetaron la designación de Ortega, bajo el alegato de que fue el mismo juez que conoció de las medidas cautelares que solicitó contra ellos el Ministerio Público el año pasado.
En esa oportunidad, el grupo de imputados era 14, la mayoría de los cuales fueron enviados a prisión preventiva por Ortega, pero quienes recuperaron su libertad meses después en decisiones tomadas por el propio juez y por la Corte de Apelación del Supremo.
Del expediente quedaron fuera el exministro de Industria y Comercio Temístocles Montás; los exvicepresidentes de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales César Sánchez y Radhamés Segura; el senador oficialista Julio César Valentín y el diputado opositor Alfredo Pacheco.
También fueron excluidos el exdiputado Ruddy González y los exfuncionarios del sector eléctrico estatal Máximo D’ Óleo y Bernardo Castellanos.
La Procuraduría General de la República dijo que dispuso el «archivo» de los expedientes en cada uno de esos casos porque no encontró pruebas suficientes para sostener las acusaciones contra ese grupo.
Odebrecht confesó que repartió 92 millones de dólares para agenciarse la adjudicación de millonarias infraestructuras públicas en República Dominicana.
La multinacional llegó a un acuerdo con la Procuraduría mediante el cual pagará 184 millones de dólares en varias cuotas, el doble de lo dado en sobornos.
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