RedacciónEl juez Francisco Ortega Polanco, la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que conoció la acusación contra 14 imputados por recibir sobornos de la empresa brasileña Odebrecht para ser favorecida con la adjudicación de obras del Gobierno, dictó este viernes presentación periódica cada lunes al imputado Bernardo Castellanos De Moya.
La lectura de las medidas de coerción duró unos 20 minutos por la secretaria del tribunal. Mediante la sentencia, el juez Ortega Polanco rechazó la petición del Ministerio Público de imponerle una prisión preventivade 18 meses, como medida de coerción, pero se acogió la complejidad del caso durante ocho meses, período en el que la Procuraduría General de la República (PGR) deberá presentar la querella en contra del imputado.
La sentencia dispone, además, impedimento de salida del país y la presentación de una garantía económica por 5 millones de pesos a través de una compañía aseguradora.
Segunda Sala
El miércoles 26 de julio, La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia concluyó con la lectura íntegra de la sentencia que varió la medida de coerción a siete de los encartados del caso Odebrecht que guardaban prisión en la cárcel de Najayo hombres en la provincia de San Cristóbal.
El fallo ratifica en todas sus partes las medidas preventivas aplicadas a 13 de 14 imputados por recibir supuestos soboernos de la Odebrecht, en la acusación que hiciera el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez.
Mediante la citada sentencia, la presidenta del tribunal, la jueza Mirian Germán Brito, dispuso libertad bajo fianza de los implicados Temístocles Montás, Ruddy González, Radhamés Segura, Andrés Bautista, Máximo D´Oleo Ramírez y César Sánchez.
Mientras que al abogado notario Conrado Pittaluga Arzeno, arresto domiciliario por nueve meses; dicha sentencia establece que Juan Temistocles Montas, Ruddy Gonzalez, Andres Bautista García, y Radhamés Segura durante nueve meses deberán presentarse periódicamente el primer lunes de cada mes por ante la Procuraduría Especializada contra la Corrupción (Pepca), por espacio de nueve meses y pagar una fianza de 15 millones de pesos como garantía económica e impedimento de salida del país.
A Cesar Sánchez le fue impuesta las medidas establecidas en el artículo 226 del Código Procesal Penal, consistente en el pago de 10 millones de pesos como garantía económica, impedimento de salida del país y presentación periódica primer lunes de cada mes por ante el Pepca.
A Máximo Ramírez D´Oleo Ramírez, el tribunal le impuso las medidas establecidas en el artículo 226 del Código Procesal Penal, numerales primero, segundo y cuarto, consistentes en una fianza por cinco millones pesos como garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica el primer lunes de cada mes ante el Pepca.
En tanto que rechazó los recursos de apelación interpuestos por Ángel Rondón Rijo, Víctor Díaz Rúa y Alfredo Pacheco, y en consecuencia confirma las medidas de coerción impuestas las cuales serán revisadas cada tres meses.
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