RedacciónEl electo diputado José Laluz consideró este martes como una aberración histórica de 132 años el Código Penal que norma en la República Dominicana y dijo que un nuevo Código debe responder a los requerimientos de la sociedad.
Sostuvo que no se concibe que la República Dominicana esté bajo las normas jurídicas del Código Penal actual y el que está en Comisión del Senado.
Apuntó que el tema del aborto es una discusión de principio del siglo pasado y es algo absurdo: «Los dominicanos y dominicanas tenemos que planificar nuestra demografía. La Carta Magna prohíbe el aborto, pero lo permiten ciertas circunstancias, sin embargo, esa circunstancias hay que mantenerlas en la legislación que se quiere establecer», afirmó el comunicador.
No obstante, indicó que la ley especial que se sugiere para tratar el aborto, no tiene sentido, ya que la Constitución explica en sus artículos 37 y 42 las posibilidades que asume la sociedad sobre ese tema.
Dijo que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), tiene una postura conservadora que lo mantiene como está. «El PLD lleva 20 años en el poder y el Código Penal tiene 132 años, lo que indica que es una posición conservadora que no la establece los estatutos de la organización», aseveró.
Finalmente, José Laluz señaló que el Código Penal debe responder a los requerimientos actuales de la sociedad del siglo XXI, debido a que existen una serie de delitos nativos, propios del pasado siglo que este Código no lo contiene y eso obliga a revisarlo por el bien del futuro del país», concluyó.
CD respondió a presiones iglesias
Mientras que el diputado del Partido Revolución Dominicano (PRM), Geovanny Tejeda, aseguró que la decisión de la Cámara de Diputados respecto a la penalización del aborto respondió a las presiones de las iglesias Católica y Evangélica.
El legislador representante de la provincia de Santiago coincidió con algunas entidades de derechos y la sociedad civil, quienes calificaron de cobarde la postura asumida por el PLD, respecto a la penalización del aborto.
Rechazó que se pretenda obligar una mujer a terminar un embarazo cuando sea fruto de una violación, incesto o presente malformaciones congénitas.
Este lunes, al cierre de la primera legislatura, el Senado envío a la Comisión de Justicia el controversial proyecto y se espera que sea conocido en la próxima legislación que inicia el 16 de agosto del presente año.
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