RedacciónEl Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC), el Instituto de Abogados para la Protección de Medio Ambiente (Insaproma), y las organizaciones sociales y comunitarias de la provincia Peravia y de otras localidades del país, expresaron su esperanza de que el Tribunal Superior Administrativo (TSA), proteja a la población de Punta Catalina, Paya y de la ciudad de Baní, de la contaminación que producirán las plantas de carbón que se construyen.
Lo anterior lo expresaron las citadas organizaciones luego de interponer un recurso de amparo ambiental preventivo ante ese tribunal basado en que el artículo 66 de la Constitución de la República establece el derecho de la población a la salud y a un medio ambiente sano que está amenazado por la gran contaminación que producirán estas plantas.
“Los jueces tienen el deber de proteger a los habitantes de las comunidades aledañas a las plantas de carbón de los efectos de 174 mil toneladas de cenizas y de 14 mil toneladas de escorias al año que producirán estas plantas como residuos de la quema del carbón mineral, así como de 30 toneladas de dióxido de nitrógeno y de 30 toneladas de dióxido de azufre que serán arrojadas cada día a la atmósfera, además de numerosas micropartículas de metales pesados”, plantearon.
Señalaron que estas substancias tóxicas provocarán en la zona una catástrofe sanitaria y ambiental, causando enfermedades respiratorias, especialmente en niños y en adultos mayores, padecimientos cardiovasculares, cerebrovasculares y cánceres pulmonares y de la piel, y graves daños a la agropecuaria de la zona.
Aclararon que este desastre ambiental y sanitario se duplicaría si se llegara a instalar la tercera planta que fuera autorizada mediante acuerdo secreto suscrito por el gobierno con la empresa Pinegy Commercial Group, S.R.L. recientemente revelado ante la opinión pública. Esta planta generará 600 megavatios, sólo 120 megavatios menos que las dos plantas que construyen el consorcio Odebrecht-Tecminont-Estrella, observaron.
Igualmente indicaron que el tribunal está en la obligación de proteger a todo el pueblo dominicano del incremento de la vulnerabilidad del país que causarán los 5 millones de toneladas de dióxido de carbono emitidos al año por las plantas de carbón de Punta Catalina que aumentará la huella de carbono de la República Dominicana en por lo menos un 20%.
“Al aumentar la cantidad de dióxido de carbono arrojada a la atmósfera que es uno de los principales gases de efecto invernadero, se estará contribuyendo mediante una causa totalmente prevenible como es la construcción de las plantas de carbón en Punta Catalina, a incrementar el calentamiento global y sus graves efectos, siendo el país uno de los diez del planeta más vulnerables a éstos”, argumentaron.
Las organizaciones afirmaron que el Tribunal Superior Administrativo está obligado a aplicar en este caso el artículo 8 de la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales No. 64-00 que establece que el criterio de prevención deberá prevalecer sobre cualquier otro en la gestión pública y privada del medio ambiente y los recursos naturales.
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