El MotínFUENTE EXTERNA
El ex presidente Hipolito Mejía le tiró la toalla este fin de semana a su amigo el ex presidente Danilo Medina, y se opuso de manera categórica a que lo investiguen por los casos de corrupción en sus gobiernos, denunciados por la Procuraduría General de la República.
Mejia calificó como «retaliacion» cualquier investigación que emprenda la sub Procuraduría Especializada Contra la Corrupción (PECCA), contra Medina.
Dijo que ha sido coherentes en el sentido de rechazar la eventualidad de cualquier proceso que abra la justicia contra un ex mandatario por los delitos de corrupción, enriquecimiento ilícito y otros hechos, durante su gestión de gobierno.
La postura del ex presidente Hipólito Mejía es opuesta y confronta al Presidente Luís Abinader, y su propio partido, el Revolucionario Moderno (PRM), que favorecen que se procese en la justicia a los exfuncionarios de las administraciones de Danilo Medina, implicados en graves casos de corrupción con fondos publicos.
Desde que se iniciaron las investigaciones por presuntos casos de corrupción administrativa en 2020, por parte de una Procuraduria General Independiente, encabezada por la Magistrada Miriam Germán, y que involucran a hermanos, dirigentes del PLD, ex colaboradores civiles, altos jefes militares militares, oficiales subalternos de las Fuerzas Armadas y empresarios, distintos sectores, organizaciones sociales y políticas, se han pronunciado para que el ex presidente Medina sea citado e investigado por los fiscales anti corrupción.
Sobre esas opiniones en su contra, Medina nunca se ha pronunciado, aunque su Partido de la Liberación Dominicana (PLD), lo hizo en un primer momento favoreciendo investigar de manera justa a los presuntos corruptos, y posteriormente, en una segunda oportunidad, hizo una defensa cerrada de su líder.
Abinader y el PRM
MIentras, el Presidente Abinader, respecto a los graves actos denunciados y llevados en investigación por la PEPCA, ha ratificado en varios pronunciamientos su postura de que sean lencarcelados los funcionarios que en sus puestos se hayan robados el dinero público.
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