Por cada feminicidio cometido quedan huérfanos un promedio de 2.5 niños y adolescentes, que significan 300 por año. Ante el drama instituciones relacionadas con el tema dieron a conocer este jueves la implementación de un protocolo de atención para proteger a menores en esa condición.
La iniciativa se ejecutará mediante el del programa Progresando con Solidaridad (Prosoli), con el apoyo del Ministerio Público, el Consejo Nacional para Niñez (Conani), los Ministerios, de la Mujer (MMujer), Salud Pública, Seguro Nacional de Salud (Senasa), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), entre otras entidades del Estado y no gubernamentales.
De acuerdo a Altagracia Suriel, directora de Prosoli, este mecanismo fortalecerá la protección social, pues cuenta con una política pública dirigida a garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes afectados por esas tragedias.
Explicó que el programa pretende hacerse cargo de unos 300 menores cada año, que producto de estos hechos fatales se encuentren en estado que amerite integrarlos a la Red de Protección Social del Gabinete de Coordinación Políticas Sociales: “Pues de acuerdo a un estudio de la Procuraduría General de la República del 2012, cada año unos 300 niños quedan huérfanos víctimas de feminicidios”.
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