FJT rechaza firma del Pacto Eléctrico, por falta de consenso

Redacción El Motín.-La Fundación Justicia y Justicia y Transparencia (FJT), rechazó las pretensiones de las actuales autoridades del Consejo Económico y Social (CES), al convocar para finales de mes el aun no concluido Pacto Eléctrico, violador de los derechos de los usuarios del sistema eléctrico, excluyente por demás y con diversos puntos en el limbo e inconclusos.

Trajano Potentini, presidente de Justicia y Transparencia, una de las entidades convocadas por decreto del Poder Ejecutivo # 389-14, para el Pacto Eléctrico, deplora que después de varios años de análisis, estudios y discusiones, no se haya llegado a consenso satisfactorio, sobre todo por la ambición desmedida de sectores empresariales, que pretenden mantener la electricidad como un negocio y no como un bien público, en cuyo caso debe el estado garantizar y priorizar el interés colectivo por encima del interés particular y privado.

Potentini se mostró sorprendido y preocupado al recibir una comunicación del Consejo Económico y Social (CES), firmada por su actual presidente Rafael Toribio, donde se le invita a firmar para fines de mes el referido pacto, todo ello en desconocimiento, de que el mismo no ha sido concluido oficialmente, con varios puntos en disenso, y lo peor a la fecha ya descontextualizado, además de que los sectores involucrados, ni siquiera recuerdan o tienen el borrador de lo último pautado.

La entidad cívica recordó que los escollos que en el pasado accidentaron el feliz término del pacto aún persisten, como lo fue la falta de transparencia en la entrega de documentos vitales, sobre el manejo de la administración del sistema eléctrico, las exigencias para que se revocaran todos los contratos leoninos y dañinos al interés nacional, donde hay que pagar todos los meses millones en dólares por plantas apagadas, una de las facturaciones eléctricas más cara del mundo, entre otros.

Para Justicia y Transparencia sería indispensable contemplar y discutir en el Pacto Eléctrico, la eliminación y unificación en un solo órgano del grupo de entidades en que se ha dividido el sector eléctrico, como si se tratara de un pastel que ha sido repartido como botín de guerra para políticos y empresarios, con estructuras compuestas por consejos de dirección, donde sus miembros devengan sueldos que van desde los 400 mil pesos en adelante.